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Aguas turbias de San Andrés...

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Hace poco más de 20 años (el 09/10/1997), la Unidad Investigativa Especial del periódico El Tiempo publicó un revelador informe acerca de la frustrada solución que había planeado –e implementado– para el problema de las aguas servidas en San Andrés, el entonces gobernador, Antonio Manuel Stephens.-Tráfico de influencias, líos ambientales y enfrentamientos personales, fueron algunos de los ingredientes que rondaron la compra de la ‘célebre’ planta Krofta de tratamiento para aguas residuales. A continuación, el premonitorio relato...

El proyecto, que le costó al departamento más de 2.300 millones de pesos (NdeR: de aquel tiempo), no cumple con las normas ambientales exigidas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), establecidas en la Ley 99 de 1993 (ley del medio ambiente).

Por eso, el 22 de mayo Coralina ordenó, por medio de la resolución 197, suspender la instalación de la planta. Pero la gobernación pasó por encima de la corporación y hoy las obras continúan.

También pasó por alto la advertencia de más de media docena de entidades públicas y privadas que conceptuaron que la tecnología escogida flotación con aire disuelto no es la más adecuada para las necesidades de San Andrés.

Según el gobernador del departamento, Antonio Manuel Stephens, también hay conceptos favorables sobre el proyecto. Pero las objeciones van más allá de los conceptos técnicos. Fernando Garcés Lloreda, representante legal de la empresa que recomendó la tecnología elegida, terminó trabajando con el consorcio al que la administración le compró la planta.

Por ahora, la administración está tratando de instalar la planta antes del 16 de octubre, fecha en la que vence el plazo establecido en una tutela para solucionar el problema de las aguas negras en la isla y levantar, de paso, la prohibición de construir hoteles y casas. También es posible que la administración tenga que responder por incumplir la tutela.

Relación profesional

Para escoger la tecnología de la planta de tratamiento más apropiada para la isla, la Gobernación del archipiélago contrató el 17 de julio de 1995 a la firma Proyectos Especiales para San Andrés (Pesa). Esta empresa, según certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cali, fue creada el 8 de febrero de 1995, es decir, cuatro meses antes de que la contrataran para realizar el estudio, que costó 90 millones de pesos.

Pesa recibió además dos contratos por 45 millones de pesos cada uno. Uno de ellos, el número 121 del 15 de mayo de 1995, sobre la factibilidad del sistema de basura; y el otro, el número 120 del 19 de julio del mismo año, sobre la reparación y privatización de la planta de producción de agua potable desalinizada.

El representante legal de Pesa, Fernando Garcés Lloreda, aseguró que el hecho de que la empresa estuviera recién creada, no representaba inconvenientes porque quienes la integran son expertos en el tema.

Siguiendo el concepto de Pesa, la Gobernación compró una planta con la tecnología de flotación con aire disuelto. La empresa que, según el gobernador, presentó la mejor propuesta fue la Unión Temporal Krofta S.A.

El contrato, por 2.498 millones de pesos, se firmó el 3 de septiembre de 1996. Según Jaime Nieto, representante legal de la unión temporal, ésta supo de la compra y presentó su propuesta cumpliendo todos los requisitos legales.

Cuando EL TIEMPO indagó sobre la relación entre Pesa y la Unión Temporal Krofta, Jaime Nieto aseguró que conoció a Fernando Garcés en San Andrés y que nunca han trabajado con él.

No obstante, Fernando Garcés Lloreda dijo que asesoró legalmente al consorcio a principios de 1996, es decir, cuatro meses después de haber recomendado la tecnología que Krofta poseía y mucho antes de que se firmara el contrato de la compra e instalación de la planta.

Al respecto, el ingeniero Pablo Pérez, funcionario de la secretaría de Obras Públicas del municipio de Yumbo (Valle), dijo que Fernando Garcés estuvo presente durante todo el proceso de negociación, construcción e instalación de la planta de tratamiento que Krofta le vendió a ese municipio en 1996.

Además, un ingeniero cercano al consorcio en Colombia, que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que Garcés trabaja en sociedad con Juan Carlos Piedrahíta, uno de los representantes de Krofta en Colombia: "El consigue los clientes y se gana un porcentaje en el negocio", aseguró.

Garcés Lloreda negó enfáticamente ambas afirmaciones y defendió su profesionalismo y experiencia.

Los 'peros' al proyecto

Aunque nadie pone en duda la calidad de la tecnología de la planta Krofta, varias entidades públicas y privadas alertaron a la administración de San Andrés sobre la inconveniencia de esa tecnología para las necesidades de la isla.

La gobernación del archipiélago le solicitó a la División de Vivienda y Servicios Públicos Municipales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) un concepto sobre la alternativa recomendada por Pesa. El 14 de junio de 1996 Planeación entregó las observaciones que, en resumen, advertían que el estudio de alternativas realizado por la firma Pesa no tenía soportes técnicos de diseño ni de los costos de construcción y operación.

A pesar de ello, la administración optó por la tecnología que recomendó Pesa.

Adicionalmente, Coralina solicitó la opinión de firmas especializadas en el tema como la OekoTech, la Vedewa y el Centro Panamericano de Ingeniería, entre otras, las cuales aseguraron que la tecnología, aunque buena, no era la más adecuada para las necesidades de la isla y requería, por tanto, de sistemas complementarios. Análisis similares emanaron de los ministerios del Medio Ambiente y de Desarrollo. Sin embargo, ninguno fue tenido en cuenta.

Líos personales

El gobernador Stephens aseguró que había desestimado las observaciones del Ministerio de Desarrollo y dio sus razones: "El consultor que ellos enviaron, Alvaro Orozco Jaramillo, me había ofrecido otra planta y como no se la compré, nos bombardeó el proyecto". Orozco Jaramillo y el propio Ministerio de Desarrollo aseguraron que no es cierta la afirmación del Gobernador y agregaron que aunque Orozco comercializa plantas de lagunas oxidantes, en un estudio que realizó sobre el tema descartó de plano esa tecnología por ser inapropiada para el archipiélago.

En cuanto al concepto de Planeación, Stephens dijo que ese despacho nunca le especificó cuáles eran las objeciones y por eso no se pudieron tener en cuenta. Documentos existentes en Planeación indican lo contrario.

En resumen, asegura el Gobernador, las trabas impuestas vienen directamente de June Marie Mow, directora de Coralina. Asegura que la corporación no quiere ceder a pesar de que su administración ha cumplido con todos los requerimientos ambientales. Afirma que Mow está buscando publicidad para ser reelecta.

"Está enferma de poder..."

Según el gobernador de San Andrés, Antonio Manuel Stephens, su administración ha cumplido con todos los requisitos exigidos por Coralina, a pesar de que se los han cambiado en tres ocasiones. Para Stephens, el problema está en que su directora June Marie Mow está enferma con el poder y la autoridad.

También dijo que Mow quería que se comprara una planta de Alemania, país de donde es su esposo, y que esa es la razón por la que ahora pretende bloquear el proyecto.

Para el gobernador, todo el proceso de contratación fue transparente. "La firma Pesa fue contratada para realizar el estudio de alternativas de plantas de tratamiento, por ser la oferta más barata...y claro, la más técnica".

En cuanto a los conceptos en contra de la tecnología seleccionada por su administración, Stephens asegura que se trata de gente desinformada y dice tener múltiples opiniones favorables.

Agregó que pasó por alto la resolución de Coralina que le ordenaba suspender la obra porque tiene que cumplir con lo establecido en la tutela y que el caso ya pasó de ser un problema ambiental a uno personal con la directora de Coralina que quiere salir reelecta.

"Está contaminando"

Para la directora de Coralina, June Marie Mow, la Gobernación está desconociendo las normas ambientales y si no las cumple, no se le puede expedir la licencia ambiental requerida para que la planta termine de ser construida y entre en funcionamiento.

Mow asegura que estas son las consecuencias de una decisión improvisada y sin sustento de la administración de Stephens que, pasó por alto todas las objeciones técnicas que entidades profesionales le hicieron a la hora de elegir la técnica apropiada para la planta de tratamiento.

Agregó que se impondrá una multa a la Gobernación de hasta 57 millones de pesos diarios hasta que suspenda las obras tal como Coralina lo había ordenado en mayo.

Insistió en que no se trata de un problema personal y que aunque quiere salir reelegida, estaría exigiendo los mismos requisitos a cualquier otra entidad o funcionario.

Finalmente, negó enfáticamente que hubiera intrigado para que se adquiriera una planta alemana porque ella era partidaria de diseñar una para San Andrés y no la alternativa de una compacta.

La directora de Coralina ha librado una batalla sin antecedentes por la preservación del medio ambiente en la isla. Se recuerda, por ejemplo, su decidida participación en el proceso que incluyó el cierre de hoteles que estaban causando deterioro en el ecosistema.

La funcionaria ha dicho que está dispuesta a acudir a todas las instancias necesarias para hacer valor postulados que tienen rango constitucional.

Peros ambientales

De acuerdo a los estudios realizados por Coralina, cuando la planta comience a funcionar, por sus características, no garantizará la conservación de los ecosistemas coralinos existentes en el sitio de descarga final de las aguas negras. Con respecto a los ecosistemas terrestres, la puesta en marcha de la planta de tratamiento no ha tenido en cuenta las consecuencias negativas que generarían el ruido y las emisiones de gas en la zona.

Coralina también señala que, aunque se ha determinado que hay que deforestar algunas zonas de la isla para terminar la obra, no se ha fijado cómo y con qué especies se piensan recuperar estas áreas afectadas por la construcción.

Se presentarían problemas con los lodos que dejaría el tratamiento, los cuales deben tener un tratamiento especial y no ir a parar al basurero.

Entre otros puntos, Coralina asegura que el proceso necesita de un conductor submarino (canal que evacue las aguas en un lugar predestinado del mar). Dicho conductor está contemplado en el estudio de factibilidad como un requisito indispensable; no obstante, para la administración ésta es una condición accesoria.


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Última actualización ( Miércoles, 10 de Enero de 2018 07:23 )  

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