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¿Qué esperar del 2018?

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HAROLBUSH1Un balance del 2017 apunta a un desmejoramiento de la calidad de vida local (en especial en asuntos sociales y de seguridad) al tiempo que señala un horizonte positivo para el modelo de desarrollo de turismo que está para quedarse aunque le causa mucho daño a las islas y acapara servicios públicos, recursos y atención gubernamental que se privan a isleños y residentes.

El discurso gubernamental de los últimos ocho años se ha enfocado hacia un modelo de desarrollo sostenible, pero quedó solo en eso y no se ha reflejado en acciones de destacar, aunque a veces en hechos que contradicen esa aspiración (como su negativa a atender ciertos asuntos y las muchas obras dañinas).


Pero un cambio de modelo no se puede dar de la noche a la mañana, máxime cuando el actual es exitoso desde la perspectiva de generación de ganancias y empleos. No hay indicios por lo tanto de que el 2018 cambie las cosas porque al turismo ‘le va bien’.


Le va bien pero a las islas les va mal en muchos frentes y los gobiernos Nacional y Departamental e inversionistas buscarán un cambio de modelo sólo si el turismo comienza a declinar. El énfasis gubernamental aún se pone más en el desarrollo económico regional que en el bienestar social o temas ambientales o étnicos.

Las peleas legales para hacer respetar derechos ancestrales y el olor putrefacto de las aguas negras rebosadas en el centro son sólo la punta del iceberg y lo más visible de las contradicciones entre turismo y desarrollo.


Un futuro incierto. Oportunidades por aprovechar.

El 2018 será dominado por incertidumbres, más problemas, más tensiones sociales, posibles escándalos administrativos y menos énfasis en lo raizal pero más en asuntos globales de las islas.


1. Posibles escándalos. Por presiones ciudadanos para aclarar ciertos actos administrativos y muchos contratos, resultado de una tendencia de mayor control y escrutinio ciudadano. También porque al fin la prensa y la ciudadanía no serán los únicos fiscalizadores de peso ya que, y ya era hora, Procuraduría y Contraloría ahora revisan y ejercen escrutinio con cierta firmeza a los acciones gubernamentales. Tienen en sus manos la oportunidad de mejorar la gestión pública en las islas.


Se espera que no crean fama de tenaces y luego se echan a dormir. Pronto saldrán los informes y se sabrá si las expectativas creadas de intervenir contra los aparentes actos irregulares irán más allá de aparentar hacer algo ante las múltiples denuncias ciudadanas y de la prensa. También se anticipan más escándalos porque los candidatos a elecciones estarán más bajo la lupa y se espera que muchos no sobrevivan.


2. Problemas de siempre. Se volverán más crónicos los asociados a servicios de salud, agua y energía ante la falta de inversión y atención adecuada, el aumento de la población residente y turista y la poca atención prestada a la renovación de equipos e instalaciones, más los esquemas inadecuados de solución. Los millonarios planes de inversión no se reflejarán en soluciones de fondo y es por eso es urgente un reordenamiento y más control del gasto público. El énfasis debería ser más hacia asuntos apremiantes como estos y menos en embellecimiento urbano.


3. Incertidumbre. Porque el cambio de Presidente puede tener nefastas consecuencias para las islas por la disminución del gasto público como consecuencia de ajustes presupuestales nacionales por la desaceleración económica, como también por un posible menor énfasis en el Plan Archipiélago porque el asunto de La Haya es menos relevante (aunque queda mucho pendiente, como el manejo común del medio ambiente, recursos y exploración pesquera y de petróleo).


También porque las presiones raizales, los que históricamente más han hecho a la hora de buscar soluciones, se han desacelerado ante el aparente ‘descanso’ de AMEN-SD y el acercamiento de voces críticas raizales a las posiciones oficiales, y por la fatiga del Gobierno Nacional al querer hacer obras en las islas que la comunidad continúa rechazando. En compensación por ese posible vacío, voces no raizales están adquiriendo un mayor protagonismo, reorientando el debate local hacia temas generales isleños, lo cual le inyecta una nueva dinámica a las presiones sociales de cambio.


El cambio de Presidente debería ser aprovechado por las islas para repotenciar el Plan Archipiélago. Con una unión de todos, ejerciendo presión y haciendo propuestas sólidas, se puede lograr y así evitar el riesgo de que las islas queden de nuevo rezagadas en los planes de inversión nacionales. Hay muchas otras partes del país con más serios problemas que se pelean por fondos cada vez más escasos y por lo tanto las islas no pueden quedarse quietas.


4. Nuevo ímpetu en las relaciones con Nicaragua. El fin de la era ‘santista’ podría favorecer una reordenamiento de las relaciones con Nicaragua centradas en la aceptación del fallo del 2012. Un ‘uribista’ podría aceptarlo de una, en consonancia con la declaración de Álvaro Uribe de avalar cualquier decisión que emanase de La Haya.


Ello pondría fin a un capítulo del diferendo y permitiría un mayor acercamiento raizal a dicho país, pero significaría decirle adiós de manera definitiva a las aguas que siempre se han considerado raizales por dominio histórico derivado de actividades de pesca. El caso en La Haya de la extensión de la plataforma continental nicaragüense puede arrebatar más aguas. Se espera una decisión después del 2019. Se verán los frutos del trabajo de años de AMEN-SD, recuperados por el grupo de seis raizales, de un mayor acercamiento.


5. Más tensiones con el oficialismo. Con lo nacional y local en relación a los problemas de siempre. Esto tiene su riesgo y esas tensiones pueden alejar a las islas más de poder solucionar sus problemas. Se observa una fatiga en hacer cosas porque las islas a veces complican la inversión pública y el oficialismo no cuadra el hecho de que las islas quieren soluciones pero al mismo tiempo rechazan que se hagan ciertas obras.


En el resto del país reciben con beneplácito que se hagan obras, pero no siempre en las islas, un lugar donde cada obra trae implicaciones de todo tipo, algo que puede desincentivar la inversión pública. Pero no todo es culpa de la intransigencia local a ciertas obras y al cambio.

El Gobierno Nacional a veces se acelera e ignora las normas especiales locales, mientras voces isleñas exigen que se cumplan los requisitos de consulta previa y de control y participación ciudadana en unas islas consideradas ya por la Corte Constitucional como territorios étnicos y donde la contratación y las leyes especiales para las islas exigen que se deban tener en cuenta ciertas cosas.  


Además de consultas, se exigen tener en cuenta impactos ambientales y socio-económicos pertinentes, hacer obras que sean necesarias y solicitadas y sobre todo, gastar el dinero en asuntos que benefician a la comunidad.

(Lea mañana, segunda parte: Más tensiones sociales. Estatuto Raizal. Cambios: ¿de verdad, verdad?) 


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Última actualización ( Lunes, 11 de Diciembre de 2017 05:04 )  

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