La decisión, tomada por la Aeronáutica Civil de modificar el objeto del contrato para la ampliación del aeropuerto de Providencia, por uno de reparación y mantenimiento, es un indicio saludable de varias cosas. Indica, por ejemplo, que tener el poder no implica tener la razón, como parecieran pensar muchos y, sobre todo, que el poder puede y debe ceder ante la razón.
La decisión, impuesta por una institución poderosa, de hacer una ampliación innecesaria y que se convertiría en una carga para el municipio y sobre todo para sus habitantes, a pesar de ser respaldada ingenuamente por muchos de estos, tuvo que ceder ante los argumentos. Si bien la decisión de modificar el proyecto es tomada ante todo porque la ampliación entra en conflicto con el Parque Nacional McBean Lagoon, el hecho es que no era una modificación razonable y así parece haberlo entendido la Aeronáutica.
Resulta interesante que la modificación planteada se anticipa, en cierta forma, a la decisión judicial que de todas maneras la obligaría a hacerlo. Y esto es saludable, pues evita mayores conflictos y permite avanzar más rápidamente en la solución del conflicto generado por la suspensión de las obras. Es decir, una solución inteligente en la cual ganan las partes, así para ello tengan, en forma un tanto paradójica, que asumir anticipadamente una derrota.
Ojalá la modificación contemple las obras en verdad necesarias como, por ejemplo, la iluminación para operaciones nocturnas, no contemplada en el faraónico proyecto anterior.
Otro indicio muy significativo atañe a la fuerza que puede llegar a tener la sociedad civil cuando se organiza. A pesar de constituir en apariencia una minoría entre las muchas voces que favorecían el proyecto, quienes presentaron argumentos legales, pero ante todo lógicos, para demostrar su inconveniencia, lograron poner la ley a su favor.
Ello será difícil de entender para las personas engañadas por el espejismo de que la solución al problema del transporte en Providencia era ampliar el aeropuerto, pero quedará claro cuando una verdadera solución, que consiste seguramente en aumentar las frecuencias de vuelo, como ya está ocurriendo, sea puesta en práctica.
Pero el indicio quizá más importante es que sí es posible cambiar las cosas y que la democracia, así sea débil como la nuestra, tiene mecanismos para intentarlo. Hay una tendencia, derivada justamente de esa creencia en que quien tiene el poder tiene también la razón, a pensar que todas las decisiones que se toman son irrevocables, además de incontrovertibles.
Pero no. Cada vez más, la sociedad organizada encuentra caminos para enfrentar esos poderes que se creen omnímodos y que ahora truenan contra todos los mecanismos que, como la consulta previa o las consultas populares, pueden desafiarlos.
Ahora se acusa a estos mecanismos y a las acciones correspondientes, como seguramente se hará en Providencia, de entorpecer el ‘desarrollo’, cuando lo que se trata es de encausarlo. Se trata de lograr que se cumplan las promesas de mejorar las condiciones de vida de las gentes y que no se sacrifique, como suele ocurrir, el bienestar general, bien sea por su impacto ambiental o por el despilfarro y robo de recursos públicos escasos.
Por el momento hay conflicto, pues las posiciones tienden a ser extremas, tanto por parte de quienes defienden el presunto o real desarrollo como por quienes se oponen a las intervenciones arbitrarias y lesivas para la sociedad, el ambiente y la economía; con el tiempo quizá se encuentre un punto de equilibrio que permita tomar decisiones más equilibradas y en verdad orientadas hacia el desarrollo sostenible.
Casos como el del spa y este del aeropuerto, para no mencionar los numerosos proyectos hoteleros que tuvieron que ser cuestionados y detenidos en el pasado, quizá sirvan para que paulatinamente entremos en un cauce razonable, donde los proyectos surjan de una concertación y no de decisiones arbitrarias.
Aunque me temo que ese tiempo aún no ha llegado pues ya se sabe de proyectos que, como la estación de control de tráfico marítimo, parecen estarse imponiendo en contra de la decisión unánime de la comunidad.
Por eso, entre tanto, la sociedad tendrá que mantenerse vigilante y activa, apoyada en la ley, que ya ha sentado precedentes importantes a su favor, pero sobre todo en la razón y en el derecho que la asiste de defender lo que le pertenece y que es el legado para todas las futuras generaciones.