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Educación y Código de Policía

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OSWALDO.SANCHEZEn febrero de este año comenzó a regir la Ley 1801 o Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), que pretende “corregir y prevenir de forma oportuna los comportamientos que afectan la sana convivencia y que si se dejan escalar pueden derivar en problemas judiciales o en delitos como lesiones personales u homicidios”.

Según reporte policial, se evitaron 199 homicidios en los últimos seis meses; hubo 23% menos lesiones personales; se atendieron unas 1.003 contravenciones diarias. Aunque los comparendos impuestos durante este tiempo “no darán lugar a la multa, sí irán al Registro Nacional de Medidas Correctivas”. A propósito, ¿qué resultados habrá habido en nuestro Departamento?

Por estos resultados y a pesar de inconvenientes y demandas se creó tal ambiente de optimismo ciudadano que iluso editorialista sentenció: “se acabó la guachafita”.

La intención de promover la sana convivencia, fomentando comportamientos que favorezcan la convivencia, el respeto y el ejercicio responsable de la libertad, e incentivar el “uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares”, es hablar de “Educación” y de Ciudades Educadoras, pues no de otra forma se podrá lograr un cambio de conducta y comportamiento en el actuar del ciudadano.

Precisamente, el Preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras dice que “La ciudad educadora ha de ejercitar y desarrollar esta función paralelamente a las tradicionales (económica, social, política y de prestación de servicios), con la mira puesta en la formación, promoción y desarrollo de todos sus habitantes”.

Por eso durante los primeros seis meses de vigencia de la Ley (febrero-julio), las autoridades tuvieron que “diseñar programas, actividades y campañas de promoción (…) especialmente de los comportamientos contrarios a la convivencia y las consecuencias que se derivan” para que la ciudadanía conociera y se actualizara en lo pertinente.

La experiencia vivida durante estos seis meses de implementación pedagógica debe servir a nuestra Secretaría de Educación para fortalecer entre los escolares y sus familias comportamientos armoniosos en convivencia ciudadana y para contrarrestar los que la minan y socaban.

Por ejemplo, la ciudad de Bogotá identificó las siguientes conductas de alto impacto para mantener la sana convivencia de los ciudadanos y su bienestar: colados en Transmilenio, participación en riñas, actividades con ruido excesivo, contaminación visual, mal manejo de residuos y basuras, dibujos vandálicos en espacio público o grafitis en lugares no autorizados.

Hecho el diagnóstico e identificadas las conductas se evitará dar palos de ciego, malgastar recursos y desestimular el trabajo docente.

Y esta “cartera” tampoco le puede seguir sacando el cuerpo a su responsabilidad de educar a las familias a través de las Escuelas de Padres, y dejar el discurso inane de la “educación integral” y “educación para la vida” si no involucra a los adultos con el objetivo de “buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, (…) y la comunicación e integración de la familia”.

A la IE también le cabe su dosis de responsabilidad, pues este Programa de la Escuela de Padres es “elemento fundamental en formación integral educativa, incorporado a los Proyectos Educativos Institucionales” de acuerdo con la normatividad vigente.

El camino educador no será fácil, por lo que la Ley prevé la toma de “medidas correctivas” por parte de la policía, que “tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia”; pero la realidad dice que el Estado es incapaz, por la razón que sea, de hacer presencia y cumplir sus funciones, de ahí que la revista Semana se pregunte: “¿Cómo se va a aplicar el Código de Policía?”, o sea causa de preocupación de Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.

Además, se requiere coherencia y articulación con otras autoridades, que eviten las ambigüedades y haya “seguridad jurídica”: ¿es permitido llevar parrillero hombre o parrillera mujer (para hacer caso a ciertos “creativos” del lenguaje) en horas de la mañana?, ¿está permitido tomar licor en la vía pública?, ¿habrá control al problema de las basuras en la calle?

En cuanto a los recursos para fortalecer estos programas, dice la norma que “(…) mínimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deberá ser destinado a la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad”, de modo que el ordenador debería destinar un buen porcentaje de estos dineros a las IEs con el fin de que tanto estudiantes como padres de familia a través de las Escuelas de Padres pueden tener una excelente formación ciudadana, transformando realmente nuestras islas en Ciudades Educadoras.

MR WALWIN PETERSON. Su partida es una muy sensible pérdida para la comunidad raizal. Esperamos que con él no se hayan ido para siempre saberes ancestrales del Pueblo Raizal. Paz eterna y memoria perpetua.


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