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¿Qué hay detrás del nuevo grupo?

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HAROLBUSH1Escribo esta nota desde un lugar en el Asia que ha adoptado medidas similares a las contenidas en el Estatuto Raizal como mecanismo de proteger y de devolver algo de justicia socio-económica y política a un grupo étnico afectado por un proceso similar al nuestro.

San Andrés no es única en esto y nuestras tensiones palidecen en comparación con los de otros sitios, donde también estos intentos se han enfrentado a intereses dominantes que sienten una amenaza por las nuevas medidas y realidades.

Nunca fueron ni serán exentas de controversias pero es importante que el debate se genere dentro de parámetros de respeto mutuo y con una perspectiva constructiva. A primera vista el nuevo grupo no parece ser anti-raizal, aunque algunos de sus integrantes no son particularmente pro-raizal y más bien son bastante  ajenos y alejados de los temas pertinentes a los isleños étnico-nativos, sin mencionar la opinión increíblemente baja que algunos tienen de nosotros.

Existe dentro del grupo unanimidad en relación a la defensa de intereses económicos y políticos que ven amenazados por el Estatuto, pero aparece dividido en torno a la opinión sobre los raizales. Algunos miembros utilizan un lenguaje similar a los que abogan por la supremacía racial blanca en los Estados Unidos y es lógico asumir que esperan lograr o, en su visión del mundo isleño, preservar una especie de 'supremacia no-raizal': 'debemos ser más inteligentes' que los raizales, ha dicho un miembro prominente.

Esta opinión francamente racista y grotesca no tiene cabida en nuestras islas multiculturales y multiétnicas y solo incitan al odio y a divisiones que las islas no necesitan ahora, que no son naturales a las mismas y son más bien generadas por situaciones como estas. El debate es bienvenido, pero lo que se ve es provocación para defender intereses.

Por fortuna se ha provocado más bien lo opuesto en el contexto general de las islas: hay un rechazo general al grupo y sus opiniones fuera de tono e inaceptables, hay una mayor unión raizal y más importante aún es que sectores no raizales otrora indiferentes se han unido a nuestra causa.

Otro resultado importante es que se tiene una idea más clara del comportamiento de los actores sociales, políticos y económicos claves del archipiélago. A la larga el Estatuto beneficiaría a todo el archipiélago por el sentido de 'justicia social y étnica' y de corrección de desequilibrios de todo tipo que busca atender para beneficio de todos por igual. De allí que pisa callos.

No obstante, más que anti-raizal creo que el grupo es anti-Estatuto, y a favor de dejar las cosas como están. Por eso detrás del mismo hay poderosos intereses económicos y políticos locales (tanto raizales como no raizales) porque se percibe que éstos están siendo erosionados o amenazados por el significativo momento histórico que ha adquirido el tema y los grupos de reivindicación raizal, fortalecidos con sentencias de la Corte Constitucional, un sentido de reparación justa y por posibles nuevas normas de la mano del Estatuto para atender realidades locales.

Esos intereses sienten que hay una nueva coyuntura y ellos no hacen parte central de la misma y por eso el momento de 'fight-back' de recuperar terreno perdido o amenazado. Y no hay que negar que los grupos raizales han logrado un posicionamiento altísimo dentro de esa coyuntura local, resultado no sólo de justos reclamos sino porque mucho de lo buscan nunca fue atendido por los sectores políticos o gremios económicos de las islas.

La eliminación de visa para nuestros hermanos raizales nicaragüenses es resultado precisamente de esta dinámica. AMEN-SD y otros grupos han venido pidiendo esto desde hace tiempos, para corregir una injusticia histórica.

El grupo es pues más bien uno de presión que busca defender esos intereses asociados a no raizales en relación a los posibles significativos cambios que puede traer el Estatuto si se acepta como se plantea de momento y de llegar a ser aprobado por el Congreso.

Pero no perdamos de vista de que el Estatuto de momento es solo un proyecto que se discute y debe pasar por unos estrictos filtros legales y constitucionales que tendrán en cuenta los derechos no sólo raizales sino de las otras comunidades de las islas. Y aunque traería beneficios a todos: que la educación sea totalmente bilingüe favorecería a todos por igual (un isleño no raizal que vive en Londres me ha manifestado la enorme ventaja que tiene allá por haber crecido entre raizales y por ende aprendido el inglés creole).

En todo caso, es poco probable que el Estatuto sea aprobado por el actual gobierno. Peor aún, muchos candidatos presidenciales fuertes han hecho anuncios en contravía a algunos objetivos del mismo y es muy probable que el nuevo Presidente ignore todo por completo. En siete años este gobierno poco hizo en relación al tema y por eso muchos ven esta fase como un mecanismo de calmar los ánimos, más que ganas o un chance verdadero de entregar algo. Tal vez con esto en mente, los grupos raizales no han abandonado otros frentes de acción.

¿Control político raizal?

¿Se Inclinaría la balanza del dominio político hacia lo raizal? Si esto ocurre en consecuencia podría generar una posible y necesaria re-dirección del desarrollo económico (para, por ejemplo, prestar un énfasis claro en el desarrollo sostenible local) y un cambio de concentración de decisiones claves en inversión pública alejándola de la intensidad en el turismo y el comercio y re-direccionándola en otros aspectos de desarrollo socio-económico de los raizales y otras comunidades residentes.

Todo con la posible creación de una autoridad raizal autónoma, uno de los aspectos más difíciles de cuadrar, porque podría generar serios conflictos administrativos por la dualidad de gestiones, al lado de una lucha de poder no sólo con los sectores tradicionales que han controlado dicho poder local, sino con las institucionales nacionales y con el Gobierno Nacional.

Lo que hay que tener claro es que no se permitirá que el contenido del Estatuto erosione la soberanía nacional en el archipiélago. Los de Bogotá, que tienen en últimas control sobre el desarrollo de las cosas porque de ellos depende cualquier proyecto presentado al Congreso, hablan de autonomía para dejar que los raizales manejen ciertas cosas, pero en la realidad no se puede esperar algo muy significativo.

Lo clave aquí es lograr una balanza entre mantener esa soberanía nacional y al mismo tiempo entregar el nivel de autonomía a la que aspiran los grupos raizales. No es fácil y por eso en las mesas de diálogo y concertación habrá debates muy intensos e interesantes, pero –repito– esto no es la primera vez que ocurre en el mundo y existen ya provechosas experiencias al respecto.

Temor por tenencia de la tierra

Además de la cuestión política, existen aspectos económicos claves que cimentan las bases del nuevo grupo, y ambos generan un proceso de retroalimentación. La tenencia de la tierra es la preocupación primordial por posibles impactos del Estatuto sobre las actividades económicas presentes y sobre futuras inversiones en las islas.

Se percibe que los derechos y prerrogativas en beneficio de los raizales que pueden llegar con esta herramienta o con resultados de fallos de las altas Cortes Nacionales pueden afectar seriamente el ejercicio libre de comprar tierras y propiedades y asociadas a ello invertir libremente.

Existe también preocupación de que la ‘incertidumbre’ que se genere pueda posponer o cancelar inversiones en las islas, algo que afectaría a todos los isleños por igual, independientemente de un origen étnico o un posicionamiento socio-económico en las islas.

La tierra en toda Colombia y en sitios como el archipiélago donde un grupo étnico tiene una relación histórica intrínseca y natural con un territorio debidamente reconocida por las leyes, tiene unas funciones sociales, culturales e identitarias y es lo que se busca recuperar de manera legal sin dañar intereses personales ya adquiridos de la misma manera. Pero muchos temen que sus enormes posesiones de tierras, sobre todo al sur de San Andrés, puedan ser absorbidos en nuevos esquemas que acercarían más a los raizales con sus tierras ancestrales.

Al igual que en el resto de Colombia, la tenencia de la tierra en el archipiélago empieza a dibujar un escenario de conflictos. Este aspecto se ve claramente reflejado en el nuevo grupo, y no solo eso, sino que con ello se han exacerbado los ligeros conflictos inter-étnicos que habían comenzado a manifestarse en los últimos años, en cierta medida incentivados por el discurso político que ahora tiende a estar orientado a sectores étnico-comunitarios.

Uno de los argumentos de quienes quieren 'continentalizar' y 'colombianizar' aún más al territorio insular es que los isleños hemos vendido y por lo tanto perdido dominio sobre nuestros lotes y en consecuencia el derecho a una asociación étnica con el territorio.

Aquí hay un argumento legal fuerte que deben no sólo el Estatuto sino las leyes atender y respetar y por eso se debe lograr una mayor asociación raizal con la tierra y que sea de manera justa y legal. Las islas son territorio raizal –así fue declarado por la Corte Constitucional, en todo caso– pero se necesita aclaración y desarrollo legal al respecto. En síntesis, para tranquilidad de algunos, esto en últimas no implica una amenaza a terrenos en manos de no raizales.

Intención de debilitar la consulta previa

También parece existir temor por la implicación de la cuestión de dominio territorial en relación a la contratación pública para grandes proyectos de infraestructura, lo cual afectaría grandes intereses asociados al gasto y la contratación pública en las islas.

Por eso existe una intención también de debilitar la consulta previa en la medida en que se busca demostrar que los no raizales también poseen mucha asociación con la tierra por ser dueños y por lo tanto deben ser escuchados.

En este contexto, se espera poder hacer cosas en las islas sin la necesidad de la consulta previa o que se haga con voz y voto de no raizales, algo imposible porque es un instrumento solo para los raizales. La contratación para la ampliación de la pista del aeropuerto de Providencia y el intento de crear en dicha isla una estación de guardacostas (con la invitación a no raizales dueños de lotes a participar en la consulta) son claros ejemplos de esta tendencia.

Vienen muchos proyectos grandes y los gremios económicos temen que los raizales pueden descarrilarlos a través de ese mecanismo. Es un debate no sólo local sino nacional y por eso ya varios candidatos presidenciales se han pronunciado contra la consulta previa.

Así las cosas, hay que mirar varios hechos de manera general y cómo éstas afectarían el futuro económico de las islas, como también las perspectivas futuras de tipo ambiental, identitario y de la cultural raizal.

Hasta el momento la consulta previa como mecanismo validador de los proyectos que se proponen para el archipiélago ha sido el regulador principal con ejercicio a veto y por eso le ha permitido a la comunidad mantener cierto dominio sobre su futuro y cierto control sobre la tierra y los destinos de las islas. Se teme que el Estatuto pueda fortalecer aún más esto.

De allí que hay conglomerados políticos y económicos y grandes contratistas que se han expresado en su contra porque afecta sus intereses. De hecho, lo han calificado como un mecanismo retardador del desarrollo y es por eso que se ha planteado la tenencia de la tierra como un requisito para extender la consulta previa a la población residente del archipiélago y diluir la influencia de los raizales en el tema.

Hay entonces tres razones de peso detrás de la creación del grupo y su reto al Estatuto Raizal que aún está en pañales y se está apenas concertando (léase negociando) con el Gobierno Nacional su contenido y lo más seguro es que no habrá mayores progresos en este Gobierno y falta ver el próximo qué posición adopta.

Las implicaciones y reflejos

La manifestación del nuevo grupo en la plazoleta del Coral Palace generó todo lo opuesto a sus intenciones y por primera vez se vio total respaldo al Estatuto en sectores raizales y no raizales, aunque no se puede negar que aún muchos se preguntan por su contenido y alcances. De otro lado, más que debilitar las intenciones raizales, las ha fortalecido ante lo que se percibe como una fuerte amenaza.

Eso sí. Al Estatuto se le debe dar mayor difusión y no para beneficio de este nuevo grupo sino de los raizales y otros isleños que aún se preguntan sobre su contenido y cómo afectará sus vidas. Puede generar cambios significativos y es justo conocerlos de antemano.

También se deben aliviar los temores entre la comunidad no raizal. El Gobierno Nacional ha respondido diciendo que el Estatuto 'tendrá como fin dotar a la comunidad raizal de garantías que le permita tener autonomía y reconocimiento  de sus derechos como pueblo étnico del territorio insular, sin afectar los derechos de los demás habitantes del departamento'. Esto dice mucho pero al mismo tiempo dice poco.

Los del nuevo grupo seguramente saben que no van ser parte intrínseca de las discusiones del Estatuto (simplemente porque no es de su incumbencia y los raizales no lo van a permitir) pero envían una señal y un tono desafiante de que existen y serían capaces de defender intereses no raizales de ser necesario. Además presentan unas preocupaciones de sectores de las islas y es por eso que los líderes raizales han manifestado querer escuchar sus puntos de vista, una movida difícil de digerir para algunos, pero es la adecuada.

La irrupción retadora del grupo y el manejo abierto de críticas a la gestión raizal no pintan bien para la convivencia inter-étnica, pero se les debe permitir –faltaba más– tener un interés en el tema o expresar preocupación por asuntos que según ellos les puede afectar. Sin embargo, el grupo debe actuar con decoro, respetar a la comunidad raizal y abstenerse de acciones o provocaciones que aviven la ya tensa situación de orden público en las islas.

Un aspecto que llama poderosamente la atención por encima de muchas cosas es que los políticos locales no han condenado o expresado una opinión sobre el grupo. ¿Sugiere esto una coincidencia de intereses por el posible debilitamiento de las bases tradicionales del poder local que traería el Estatuto o posiblemente unos nexos de tipo político o comercial entre el grupo y sectores políticos?

En los más de 60 años después de la llegada masiva de inmigrantes que ha cambiado la sociedad, economía y política de las islas, la división electoral a lo largo de líneas étnicas es por primera vez una realidad y esto puede llevar a conflictos por la erosión de la sana convivencia inter-étnica que hasta ahora ha predominado.

El discurso de reivindicación raizal nunca fue un discurso 'anti-paña' como algunos lo quieren pintar. De igual manera, el discurso de políticos no raizales no debería ser anti-raizal.

El discurso raizal es de reivindicación, de recuperar terreno perdido y está dirigido contra las políticas estatales sociales y ambientales depredadoras, por lo tanto no debería escamar a quienes respetan las normatividades –en especial las constitucionales y legales conferidas a nuestro territorio– y, ante todo, a aquellos que dicen, expresan y profesan, amar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina.


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Última actualización ( Domingo, 30 de Julio de 2017 08:00 )  

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