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Informalidad laboral

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GERMAN.MARQUEZ2Uno de los problemas que podría estar en las raíces del árbol de problemas del Archipiélago, y del país, es la informalidad. Informalidad laboral, que afecta a los trabajadores cuya seguridad social es precaria. Informalidad en diversos sectores económicos, donde operan entidades fuera de control...

Informalidad en el transporte, plagado de prestadores irregulares. Informalidad en la vida cotidiana, donde cada uno pareciera querer funcionar como rueda suelta, sin cumplir con las normas más elementales de convivencia.

Uno de las formas más visibles, injustas y perjudiciales de la informalidad es, sin duda, la informalidad laboral. Empresarios, o en general personas que por cualquier razón requieren los servicios de otros, ofrecen trabajos sin cumplir los mínimos requisitos legales. Personas que, impulsadas muchas veces por la necesidad, aceptan trabajar en tales condiciones, sin contrato y sin seguridad social, a cambio de lo cual reciben con frecuencia salarios por debajo de los mínimos legales.

El resultado es una ganancia indebida para los primeros y un grave riesgo para los segundos que, como todos nosotros, están expuestos a enfermarse o a sufrir accidentes sin una debida cobertura, así como a vivir en condiciones difíciles pues su trabajo no es debidamente recompensado.

En teoría esto no debería ocurrir, porque la ley protege a los trabajadores y (al menos en el papel) obliga a los patronos a cumplir con las normas o a pagar por su incumplimiento porque se supone que, así no haya un contrato firmado sino un arreglo verbal, la vinculación laboral de una persona genera obligaciones. Son conocidos los casos de trabajadores que, ante un problema, han demandado a sus patrones ante las instancias legales, que en general tienden a favorecerlos. No obstante, la persistencia en la práctica de contratar informalmente los servicios indica que algo no está funcionando del todo bien.

Si el Estado estuviera haciendo cumplir las normas, esta situación no sería tan reiterada. Así que cabe suponer que con los delitos e infracciones contra la legislación laboral pasa lo mismo que con otros delitos: se protegen bajo un amplio manto de impunidad. Si solo unos pocos pagan por sus irregularidades, y si muchos de los que cometen irregularidades más graves e incluso crímenes, no pagan, ¿qué riesgo hay en abusar de un trabajador?

Tenemos pues una mezcla de informalidad y de impunidad que, como se dijo al principio, bien puede ser una de las raíces de los problemas del país y del Archipiélago. Un problema que profundiza las desigualdades e injusticias, pues unos se enriquecen a costa del empobrecimiento ajeno. Que crea un ambiente propicio para desequilibrios aún más graves, como la delincuencia y la violencia porque no faltan quienes, a falta de un trabajo digno y bien pago, optan por otras alternativas.

Una faceta interesante de este asunto es que la explotación basada en la informalidad y en la impunidad es uno de los factores que permite mantener artificialmente los bajos precios de muchos de los servicios que se ofrecen.

Cuando uno se pregunta cómo pueden ser rentables ciertos negocios turísticos, incluidos algunos hoteles, que mantienen tarifas muy inferiores a las de los estándares internacionales, puede ser que encuentre la respuesta en esta dupla de informalidad e impunidad. Lo que conlleva a una situación bastante absurda: se explota a los trabajadores locales para favorecer la venida de turistas de bajo costo, que poco aportan a la economía, pero si tienen un impacto social y ambiental significativo.

Cabe entonces pensar que una acción sustancial del gobierno en la solución del problema de la informalidad podría contribuir mucho a un desarrollo económico más equilibrado, y sobre todo a incrementar la justicia social, disminuir las desigualdades y eliminar factores generadores de inseguridad y violencia. En bien de todos.

Parecería que para ello es necesario reforzar procesos de formalización, que ya se están llevando a cabo, por ejemplo, por las Cámaras de Comercio, aunque al parecer aún requieren una mayor injerencia del Viceministerio de Turismo y otras instancias estatales.

Así mismo, es necesario disminuir la impunidad, lo cual podría lograrse, al menos en parte, dando a conocer mejor la legislación laboral y ampliando la asesoría jurídica a los trabajadores para reclamar sus derechos. No esperar que el problema llegue a la Defensoría para actuar, o a que un abogado presente una demanda para quedarse con parte sustancial de lo que se le reconozca al trabajador.

Los trabajadores son una de las bases sobre las cuales se construye la riqueza, pública y privada, de las naciones y de las regiones. Un trabajo digno, una remuneración justa y los beneficios de la seguridad social es lo menos que deben recibir a cambio. Y es función de los gobiernos garantizarlo. En bien de todos.


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