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Cierre “indefinido”

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OSWALDO.SANCHEZTodos conocían, menos Santiago, que ese sería su último día. “Victoria y Divina sabían perfectamente que iban a asesinar a Santiago pero ellas se callaron porque querían que lo mataran”. Algo así está pasado con nuestras ínsulas: todos sabemos que las están matando, pero no hacemos nada EN SERIO para evitarlo. Tal vez también queremos que mueran. Eso es “crónica de una muerte anunciada”.

El 29 de mayo una enclenque Coralina declaró el cierre “indefinido” del emblemático Johnny Cay, dizque por incumplimiento de lo ordenado en la Resolución 161 de 2002. ¡Desde hace quince años viene sucediendo, por Dios!

Esta insulsa medida no fue el comienzo de nada sino el epílogo de una serie de desafortunados hechos acaecidos y mal manejados. En 1995 la Corte Constitucional, en la Sentencia No. T-284/95 falló sobre la  “Protección de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la salud, vinculados al derecho de gozar de un ambiente sano en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Sin embargo, a la fecha nada ha cambiado. El 25 de abril de este año una nota periodística da cuenta de la acción popular instaurada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales en la que se piden medidas que garanticen “la seguridad, salubridad y medio ambiente sano, además de la reevaluación del ingreso de turistas (al Jhonny Cay) y las actividades comerciales (…) Como medida cautelar, la Procuraduría solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay”,  por desacato de la sentencia T-284 de 1995.

Posterior a esta situación, Coralina, haciendo uso de sus escondidas atribuciones legales, reunió a la Junta de Participación Comunicatoria del Parque el día 24 de mayo (miércoles) de 2017 para tratar, entre otros temas, “las medidas de control a la capacidad de carga del Parque”.

Se dieron tres días (jueves, viernes y sábado) de observación, constatando que “en los días en que el Parque ha estado en funcionamiento se ha sobrepasado de manera significativa la capacidad de carga del Parque Natural Johnny Cay”, omitiendo decir que esto viene de mucho tiempo atrás; tiempo durante el cual Victoria y Divina miraban para otro lado mientras se planeaba la muerte de Santiago.

Lo hallado por la Procuraduría Ambiental no se limita a la capacidad de carga, según reseña este periódico, pues el ente fiscalizador entregó muchos más hallazgos al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés que tienen qué ver con el mal manejo de residuos, saturación de negocios, falta de un muelle seguro, etc.

Pero si deslumbra la celeridad con que Coralina se armó de argumentos para emitir la Resolución 350 del domingo 28 de Mayo de 2017, más lo hace la presteza del acuerdo logrado entre la gobernación y “los prestadores de servicios turísticos”, sin tercerías fiscalizadoras, (¿tampoco estaba Coralina?), conjurando una situación irregular en la vida comunitaria de las islas. Lo “indefinido” se definió a los tres días.

Claro que permitir la visita de hasta 1500 personas/día por sobre las 854 que tolera la Resolución 161 de 2002, y no ya por siete sino por ocho horas diarias, alegra el corazón de los “operadores” y tranquiliza al gobierno que se le había subido la bilirrubina (‘aaaaaaay/ Me sube la bilirrubinaay, me sube la bilirrubina’, como cantaba el popular Juan Luis Guerra).

Lo irónico de este embolate es que en medio de él se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, creado por la ONU “Con el objetivo de motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales…”, función que soslaya CORALINA, como lo hacían Victoria y Divina, olvidando la Ley 33.

Es triste pensar que para este año el lema de la jornada es «Conectar a las personas con la naturaleza», que pretende, entre otras cosas, reflexionar acerca de cómo somos parte integrante de la naturaleza y lo mucho que de ella dependemos. Pero aquí nadie lo cree.

Y de este problema la Escuela tampoco sale bien librada, pues uno de los fines de la educación en Colombia tiene qué ver con desarrollar en sus estudiantes “conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, (…)”, y no es posible que luego de 23 años nada se haya logrado.

Los cuarteles donde se forman los “soldados” de la causa de la defensa del medio ambiente de los que hablaba el presidente, sintonizado con la promulgación de la encíclica Laudatosi, no funcionan. Las palabras presidenciales se quedaron en eso: ¡en palabras!

 


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