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Reapertura de Johnny Cay: impactos y afectaciones

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ALBERTOSin dudas el caso de Johnny Cay es algo más que coyuntural. Nos expuso la capacidad de negociación de las autoridades frente a las exigencias violentas y poco sustentadas de unos pocos que, aun con derecho a percibir beneficios del ecosistema, pudieran afectar los intereses de la mayoría (por no decir de todos y todas).

Es por ello que pregunto: ¿Se defendió el derecho de los prestadores u operadores de servicios turísticos en Johnny Cay? Sin duda la respuesta es evidentemente afirmativa, si se considera la firma del “Acta de Acuerdos” del 30 de mayo de 2017, firmado por el Gobernador, el director de CORALINA, la defensoría del pueblo y los involucrados, que ha rotado por las redes sociales a través de los medios de la Gobernación departamental. Sin embargo, dicha pregunta solo es una oportunidad para hacer otras:

¿Se respetó el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes del departamento archipiélago? ¿Se calculó objetivamente o legalmente la magnitud de dicha decisión? ¿Está sujeto a daño o mejoramiento en un futuro próximo la integridad del cayo y sus ecosistemas? Procuraré, y no como procurador ambiental, responder de alguna forma a estas preguntas. Pido muy amablemente su disposición a leer citas textuales.

Con respecto a la primera pregunta, esta merece una respuesta es simple, aunque complicada para mí como futuro receptor de saludos e insultos o dependiendo de los intereses particulares de las directamente involucrados en el conflicto que vivimos estos días. Procuraré ser objetivo o en su defecto apoyar a la naturaleza.

Aunque no muchos lo citen entre sus denuncias cada vez que hay una vulneración en la isla, el ambiente sano es un derecho colectivo reconocido en la Constitución Política de Colombia (C. P., Art. 79),y es clave para entender gran parte del marco legal ambiental en nuestro país (pues aún las islas siguen siendo parte de Colombia), y probablemente las decisiones tomadas sobre el Parque Natural Regional de Johnny Cay (PNR Johny Cay; sí, es un área protegida) deben respetar dicho derecho y sobretodo privilegiar el interés público y social de todos los que lo disfrutamos (operadores y visitantes, entre los últimos los residentes inclusive).

La misma constitución política dispone que el estado, bien sea el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales o Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, debe planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” (C. P. Art. 80). Es por ello que existe un plan de manejo del Parque Natural Regional Johnny Cay (Coralina, Res. 161 de 2002), y que al parecer se está replanteando en la actualidad (no encontré el nuevo en la página web correspondiente), que permite al estado garantizar dicho derecho entre otros.

Tengo la seguridad que dicho derecho de alguna manera quiso protegerse con el cierre, y es por ello que también se aplicó el principio de precaución frente a los hechos que venían presentándose en el PNR Johnny Cay. Para el cierre de nuestra área protegida se consideró “implementar medidas para regular el flujo de visitantes de acuerdo a la capacidad de carga del cayo para reducir el impacto sobre el mismo” (Coralina, Res. 350 de 2017). Y se explicó que el concepto de capacidad de carga debía entenderse como una herramienta para “reducir la presión sobre sus ecosistemas sensibles” (Ibíd.), y debido a que desde el 24 de mayo del presente y durante su funcionamiento el cayo sobrepasó “de manera significativa” dicha capacidad (Ibíd.).Es por ello que me extraña su reapertura, pues esta debió ocurrir luego del “estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo” del PNR Johnny Cay. Allí entre otras cosas se estableció que hasta 800 personas (visitantes) podían ingresar al parque, y que se les debe hacer pagar una tarifa de acceso. La profesora J. James en su publicación de 2008 sustenta que la tarifa de acceso del PNR Johnny Cay “representa una estrategia para la conservación ambiental de zonas protegidas” y “facilita su autofinanciamiento”. Al final doy una recomendación al respecto de financiamiento.

Lo que más me entristece de la reapertura del PNR Johnny Cay es la ruptura de lo establecido para su cierre y la creación de los compromisos del ‘Acta de Acuerdos’ que dio paso a algo que espero no debamos lamentar. Allí, entre los compromisos, se permite el ingreso de 1500 visitantes; esta es una cifra que “casi duplica” la capacidad de carga establecida (como hizo constar el gobernador en FB), y es obviamente un incremento significativo del número de visitantes.

Una de las condiciones del compromiso fue nunca se debía superar la cifra de 800 visitantes a la vez; eso fue como pedirles a los operadores que ingresen y atiendan en el área protegida a 750 visitantes antes del mediodía, y luego estos pueden ser remplazados por otros 750 en la tarde. Hay otras combinaciones posibles, pero en esencia es lo mismo. Además, se extiende el tiempo en el que los visitantes y operadores pueden impactar el cayo (2 horas más a saber). Esto último es lo más delicado, pues supone que las acciones que repercuten en impactos de 800 o más personas en 6 horas al día, pasa a extenderse a 8 horas. Definitivamente no creo que en las pocas horas de negociación se haya calculado objetivamente la magnitud de la decisión de reapertura.

Supongo que hasta esta altura del texto se debería siquiera dimensionar los efectos sobre la integridad del PNR Johnny Cay y sus ecosistemas, y habrán notado las evidentes inconsistencias y las responsabilidades que vienen implícitas en el acta pública firmada por los interesados. Pero, me gustaría exponer mis apreciaciones personales al respecto. Para ello quiero presentarles con un ejemplo (tal vez exagerado para algunos, pero útil como modelo) lo que estas decisiones implican para la integridad de los ecosistemas del PNR Johnny Cay.

Una metáfora a la salud de los ecosistemas

Usted es una persona sana pero nació sin voz (sus padres le han bautizado con el nombre de Johnny Cay). Sin embargo es usted potencialmente afectable por los piquetes de insectos; se ha establecido por criterios técnicos (inclusive legales) que se puede enfermar si lo pican hasta 800 abejas de manera simultánea. Lastimosamente, le toca vivir con un vecino apicultor un poco descuidado. Aunque durante años se ha quejado de su salud debido a los piquetes, se han preocupado por usted porque se le observa adolorido y con llagas luego que un número significativamente mayor a 800 abejas vecinas lo picaran. Afortunadamente, usted no se murió en dicha embestida, pero unos expertos deciden aislarlo por tiempo indefinido para que no lo piquen más las abejas, mientras la autoridad piensa como tratar o sancionar a su vecino apicultor que lleva muy poco tiempo allí cerca de usted.

Para colmo de males, el vecino se ha quejado porque la autoridad se decidió a poner un cerco a sus abejas y se ha visto amenazado por la disminución de la producción de mieles. En contra de lo lógico, él ha logrado que usted pueda estar nuevamente expuesto a las abejas. Han roto el cerco. La autoridad lo ha permitido luego de verse amenazada por el comportamiento de su vecino y el de vándalos dentro de su vecindario (que han aprovechado el disgusto generalizado por otros problemas económicos y sociales que no han sido atendidos).

En la coyuntura se ha establecido una solución: siempre que no más 800 abejas lo piquen a la vez, su vecino puede liberar hasta 1500 de ellas para sostener su producción de mieles. Después de poco tiempo, su vecino pudo trabajar libremente en su cultivo de abejas, y en una tarde soleada fue picado por 750 abejas simultáneamente durante unas horas, y estas al dejar sus aguijones en su piel se retiraron.

No pasó una hora, cuando en el mismo día lo picaron otras 750 abejas, que perdieron también sus aguijones en su adolorida piel. Usted quiso quejarse, pero no pudo. El vecino no volvió a ser molestado y usted quedó descuidado a merced del impacto de los 1500 aguijones en un solo día. ¿Podrá usted soportar lo mismo varios días más? No sé si podrá esperar hasta que algo nuevo le suceda. Pero, tal vez usted se puede volver resistente al impacto de las abejas (un escenario poco plausible); o consigue algún remedio para tolerar los aguijones; o su vecino cambia de actividad económica; o la autoridad le encuentra solución definitiva al problema (si es que identifica su causa); o usted se degenera hasta fenecer (fue sostenible hasta…).

Implicaciones del problema en un área protegida

Solo debo aclarar que Colombia es un estado firmante del Convenio de Diversidad Biológica (una norma internacional). Y al igual que en la Ley 165 de 1994, y otras las leyes y decretos del marco ambiental reciente, se ha establecido que un área protegida es aquella “geográficamente definida que esta designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación”.

Si somos más específicos, un Parque Natural Regional como área protegida es un “espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute” (República de Colombia, Decreto 2372 de 2010).

Las acciones y decisiones dadas en el PNR Johnny Cay de alguna forma deberían apuntar a la “conservación” de sus paisajes y ecosistemas estratégicos, sus bienes y servicios ambientales, y la preservación de la biodiversidad y de las funciones ecológicas que allí se presentan. Es por ello que los visitantes la visitan. Es por ello que debo resaltar el gran error que se está cometiendo al propender por la conservación de las formas de uso, las prácticas, y las actividades económicas y número y calidad de visitantes que se están permitiendo y que amenazan la integridad de nuestra área protegida.

Espero no alejarme de lo que acabo de presentar, pero propongo que se estudie cuanto antes la magnitud del impacto que genera un visitante y un operador turístico por hora al día en el PNR Johnny Cay. Además, debe establecerse cuál es la tolerancia de dicho parque a dichos impactos, su capacidad de retornar con o sin ayuda a su estado idealizado de conservación. Se debe calcular el valor de dichos impactos y cómo los visitantes y operadores los deben mitigar y compensar. Se debe encontrar otra vía o medio para recoger dichas compensaciones, y que no excluyen las que se relacionan con la actual tarifa de acceso. Por qué no cobrar parte de dichas compensaciones en la tarjeta de turismo (considerando la economía como principio constitucional de tributación) y otra parte a los operadores (no estrictamente con dinero).

Por ejemplo, cuanto ganaríamos si se capacitara a los operadores como educadores en prácticas amigables con la salud humana y de los ecosistemas; ellos serían parte de los agentes de cambio y formación de visitantes que ya educados y respetuosos del área protegida pudieran aprovecharla antes de embarcarse en ella. Por otro lado, por qué no evaluar los bienes y servicios del ecosistema que ya han sido identificados para Johnny Cay (lean el artículo de Guerra y Mancera, 2015, en el Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras), y considerarlos en un esquema de monitoreo y uno paralelo de pago por servicios ambientales.

Sugerencias a las autoridades:

Lo acontecido en las islas durante esta situación es suficiente para que se piense en el nombramiento de una secretaría del ambiente y desarrollo sostenible, que se encargue de sus funciones y competencias en materia ambiental en la jurisdicción municipal (San Andrés) y departamental. Las acciones de la secretaría deben complementar los vacíos que están expuestos en materia legal ambiental, en especial debido a la evidente desarticulación entre autoridades (Coralina, Dimar, Policía Nacional, etc.).

La secretaría deberá trabajar de forma transversal y mancomunada con la secretaría de gobierno, la de planeación, la de servicios públicos, la de turismo y hasta la de movilidad que fueron afectadas al igual que muchos de nosotros por un paro de operadores turísticos y unos oportunistas de lo ajeno.

El 25 de mayo se expidió el Decreto 870 de 2017, gracias al proceso de paz, una herramienta muy útil para establecer un acuerdo voluntario entre operadores, delegados de los visitantes y las autoridades ambientales, para el establecimiento de un pago por servicios ambientales. El PNR Johnny Cay se lo merece, y debería aprovecharse su situación estratégica y exclusiva desde lo económico y lo ecológico (no desde su actual visión de pastel). También se puede extender esto al Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Unidad Ambiental Costera POMIUAC Caribe Insular (Plan alterno y superpuesto al de la Reserva de Biosfera Seflower) y sus diferentes áreas protegidas y ecosistemas estratégicos.

No sobra decir que 800 turistas al día es algo que ya permite el manejo de cierta exclusividad (como atractivo empresarial) en el PNR Johnny Cay. La debida organización y cualificación de los operadores turísticos en empresas que declaren renta a luz de la ley, sumado a las necesidades de conservación del área protegida, ya justifican sobradamente tarifas de acceso que correspondan con la calidad de visitantes que se desean.

Agrego que no represento a ninguna institución, sino a mí mismo en calidad de Biólogo, Magíster en Estudios del Caribe, candidato a Doctor en Ciencias del Mar y aspirante a Especialista en Gobierno y Gerencia Pública.


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Última actualización ( Domingo, 04 de Junio de 2017 08:55 )  

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