Líderes y activistas raizales se tomaron las oficinas de la Procuraduría Regional a causa de un fallo de tutela que ordena a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), entregarle la tarjeta de residencia a Juan Carlos Narváez Silva y a su núcleo familiar, quien no es (de) ni reside en San Andrés y, sin embargo, ejerce el cargo de Procurador Judicial II en la isla.
Los manifestantes aducen que "una vez más se ven vulnerados los derechos de la comunidad raizal y de los residentes legalmente establecidos en las islas", con esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo que ordena conceder la tarjeta de residencia a una persona que ocupa un cargo público que otro profesional isleño podría ejercer.
Según protestan, esta decisión va en contra de la Ley 47 de 1993, que ampara los derechos laborales de quienes residen legalmente en las islas y que además contribuye a agravar la aguda problemática de la sobrepoblación.
La instalación de este grupo de activistas raizales en las oficinas de la Procuraduría Regional, desde el mediodía de este martes 23 de mayo, se hace con el fin de llamar la atención, exigiendo al mismo tiempo un pronunciamiento del Procurador General de la Nación al respecto del motivo de la protesta.