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RAIZAL

¿Quién podrá salvarnos?

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HAROLBUSH1El empresario raizal asesinado apunta a todo lo que está mal con las islas y la necesaria reorientación en las políticas oficiales del Plan Archipiélago. Un éxito empresarial no ligado al turismo atrae la atención de los delincuentes que a falta de oportunidades le quitan una vida por unos pesos. Falla no sólo la seguridad sino los planes del gobierno para atender apremiantes problemas sociales.

En uno de los pocos debates políticos que han habido con respecto al multimillonario Plan Archipiélago, el Senado concluyó el año pasado que dicho Plan no resuelve los problemas estructurales, y por lo tanto con él no se consuma la llamada 'soberanía nacional', su intención original tras el fallo del 2012 a través de inversiones con muchísimos ceros a la derecha.

Lo que no dice pero insinúa el Senado es que las autoridades nacionales contribuyen a los problemas en las islas y a aumentar la desconfianza de los locales en la capacidad de las instituciones del orden nacional y local en poder solucionar los problemas que datan de años.

Pareciera que a más dinero invertido, más agudos se hacen los problemas y más desconfianza se genera entre las autoridades y la comunidad isleña. Hay una mejor infraestructura sin duda, pero la gente necesita más que eso. En todo caso esa mejor infraestructura es sobre todo para beneficio del turismo.

En vez de acercar más las islas al país, se incentiva sin querer un distanciamiento: hay un creciente descontento local con su propio país acrecentado por la imparable ola de inseguridad, la crisis de gobernabilidad, la sensación de desespero y de falta de liderazgo y de orientación en todo el Archipiélago, para no mencionar los problemas de siempre que empeoran a diario.

La incertidumbre y el miedo predominan en el paraíso y las desprestigiadas instituciones no saben cómo responder. Los locales hablan de revocatoria del mandato del Gobernador y de buscar soluciones propias a los problemas. Pero no tienen los instrumentos ni los recursos y sus demandas no parecen ser escuchadas en Bogotá. Ya están saliendo de nuevo a la calle a protestar.

Se siente que en algunos casos las autoridades empeoran la situación crítica ya sea por no cumplir a cabalidad su trabajo o por derrochar el dinero de los contribuyentes en cuantiosos contratos curiosos que no benefician a nadie sino a un poco de fundaciones montadas de la noche a la mañana. O con hacer cosas a espaldas de la comunidad, como el reciente descubrimiento de que se piensa proceder con la estación de guardacostas en Providencia a pesar de que fue rechazada en dos ocasiones en consultas con la comunidad raizal.

Todo lo anterior ha empujado a muchos raizales e isleños a querer buscar soluciones a través de una mayor autonomía o acción propia local. Muchos por eso ven toda intervención de la capital ahora como un obstáculo o un elemento que impide llegar a soluciones: no hacen ni dejan hacer (caso Estatuto Raizal). Peor aún es que no respetan la voluntad de la comunidad, como debe ser por la lógica de derechos humanos pero también por el respaldo firme y claro que se tiene en esto de sentencias de la Corte Constitucional que buscan proteger los derechos de la comunidad raizal y a defender su territorio contra acciones estatales que los afecta o con los cuales no se sienten a gusto.

Los problemas de inseguridad han tocado fondo y muestran el poco desarrollo social que las millonarias inversiones del Plan Archipiélago han entregado. ¿Donde está entonces el dinero? Casi todo se destina a favorecer el turismo que perpetúa un modelo dañino para las islas aunque genera la mayoría de los empleos pero acapara agua y otros servicios públicos que los residentes necesitan o no tienen. Mucho se destina a estudios, casi un 10%, y a asuntos que no se filtran a proveer mejores ingresos o calidad de vida a los locales.


El Plan Archipiélago no funciona para la gran mayoría de la gente porque no les ha traído beneficios. Pero la balanza se inclina a favor de los políticos y contratistas. Una peatonal no hace milagros. Se necesita más programas sociales que generen empleo y mejoran el tejido y cohesión social a través de oportunidades laborales y de estudios que puedan devolver la esperanza y rectitud social a una generación perdida que encuentran en el crimen una salida a sus necesidades.

Si las autoridades no entregan soluciones, deberían como mínimo proteger nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestras vidas, nuestra voluntad. En todo fallan.


Lo del daño al Fuerte Warwick (y otra vez entra en el panorama el drama del Estatuto Raizal) indican que tampoco se hace mucho en proteger nuestro patrimonio y las autoridades encargadas parecen importarles poco que se solucionen cosas en esa dirección o lo que opina o desea la comunidad raizal.

¿Y el respeto al consulta previa?

No hay nada que deja esto más claro que la reciente jugada de proceder con la apertura de concurso de méritos para la interventoría de la estación de guardacostas de Providencia que fue rechazada en Consulta Previa, algo que es de obligatorio respeto según la Corte Constitucional.

¿A qué juegan las autoridades nacionales? La interventoría implica que se piensa proceder con la construcción de la estación, de lo contrario no se gastaría en ella más de 245 millones de pesos. Ya se alistan baterías legales contra la obra.

Esto último ha dejado una sensación aún más amarga entre la gente y se agrega a los muchos otros elementos en el largo listado que nutren la profunda desconfianza y falta de esperanza en las autoridades nacionales y locales y su capacidad de solucionar los problemas de las islas. Por eso se ha vuelto común que una acción popular o una tutela acompañan cada acción o contrato gubernamental en las islas.

De paso ayuda a aumentar la brecha que existe entre los locales tanto raizales como no raizales frente a cómo sacar al Archipiélago de la mayor crisis de su historia. Y a la sensación de que a veces las autoridades agravan los problemas ya sea por inacción o por la toma de decisiones inapropiadas.

Esto es desesperadamente triste porque cuando más necesitamos a las autoridades para salir de la crisis actual y para atacar problemas de fondo, menos se siente que están interesados, que están con las pilas puestas, que están con la comunidad o que puedan hacer algo que valga la pena o que confiamos en ellos para no meternos gato por liebre.

Por todo eso, es importante que sean francos y transparentes y no hagan las cosas a espaldas de la comunidad. Por eso las autoridades nacionales le deben una explicación a la comunidad de Providencia sobre esta movida subrepticia de proceder con algo que fue duramente rechazado. El mayor problema ahora es que pocos creen en lo que dicen las autoridades y, a juzgar por recientes hechos, poco respecto se les tiene. Esto debe de cambiar para bien de las islas. Y se logra con gestos, transparencia y participación de la gente.


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