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Coralina ¿al rescate de reserva Seaflower?

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HAROLBUSH1El gobierno nacional lanza un salvavidas a la Reserva  de la Biosfera Seaflower y prácticamente la blinda de cualquier tipo de economía extractiva como de petróleo y gas o pesca industrial y todo se debe centrar en conservarla o en usar sus recursos marinos de manera sostenible. Sin embargo, hay dudas razonables y temores justificados acerca del reciente decreto 415 del Ministerio del Ambiente.

La medida es digna de admirar, aunque llena vacíos que había en términos de jurisdicción ambiental en algunas zonas, es un instrumento (y experimento) prometedor de unificación y articulador de esfuerzos y acciones, y tiene motivos encaminados a tener un impacto más allá de nuestras fronteras marinas, aunque la formulación del Plan que se ordena y la dependencia presupuestaria de Bogotá o la Gobernación hará que los gobiernos nacionales o locales puedan ejercer algo de control sobre lo que haga la entidad.


Por eso hay angustias y la autonomía en el manejo de nuestros recursos que se le otorga a Coralina a través del Decreto 415 puede ser un arma de doble filo: una buena gestión puede lograr mucho; una mala puede causar estragos y hacernos quedar mal a los raizales.

Tampoco es claro de dónde vendrán los recursos necesarios o cómo serán superadas las serias deficiencias de Coralina y las fricciones inter-institucionales por jurisdicciones que complican algunas cosas en las islas y hacen que muchos se lanzan la pelota de la culpa de un lado a otro.


Coralina fortalecida, pero sin alas


Para darnos esa autonomía se pasa por encima de competencias del resto de las entidades con autoridad en las islas (aunque pueden haber conflictos institucionales centrados en jurisdicción, sobre todo en zonas costeras) y pareciera que todo quedara supeditado a los dictámenes de Coralina y su junta directiva que deberán elaborar y coordinar un único instrumento legal que servirá como articulador para el manejo, ordenamiento y planificación de toda la Reserva Seaflower a través del establecimiento del Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la Unidad Costera Insular (POMIUAC) que se constituirá en la 'norma de superior jerarquía y determinante ambiental' en todo el archipiélago.


Reposa en Coralina la potestad del otorgamiento de todas las concesiones, licencias, permisos y la planificación y zonificación en todo el territorio en relación a lo ambiental y recursos naturales teniendo como telón de fondo el desarrollo sostenible. El Ministro del Medio Ambiente dijo que se trata de un enfoque diferencial, único y nuevo en el país, donde se unifican esfuerzos de todas las entidades relevantes para preservar nuestra reserva.


Lo que no es claro es de dónde sacará el dinero para sus mayores funciones. Se habla de un impuesto al turismo o el aumento de la tarjeta de turismo para financiar la fortalecida Coralina, lo cual indica que el Gobierno Nacional no está dispuesto a transferir fondos a la entidad y sin algo así el Decreto sería letra muerta porque la Gobernación ya se ‘embolsilla’ lo del reciente aumento de la tarjeta de turismo y no se ve cómo se pueda aumentar aún más su costo.


Algo importantísimo es que incorporan en el espectro de observación y acción de Coralina no solo los recursos naturales sino también centros poblados y asentamientos humanos, mas actividades económicas y obras de infraestructura, dando así un amplio ámbito de acción que puede ser explorado en futuras acciones legales como instrumentos de control o reubicación poblacional por el hecho de que asentamientos o actividades económicas pueden afectar el frágil ecosistema que se busca proteger a toda costa.


Coralina queda bastante fortalecida y efectivamente se le entrega el manejo y coordinación de todo lo que se mueve en el archipiélago y en la Reserva Seaflower.


Un hito importantísimo porque en el contexto de las islas nos conceden autonomía relativa en lo ambiental y nos dejan decidir lo que pasa o no pasa en nuestras aguas, islas, islotes y cayos (menos en el Parque Nacional Natural McBean Lagoon de Providencia). Ya era hora.


Esto causa admiración pero también cierto nerviosismo porque últimamente Coralina ha quedado rezagada y ha sido cuestionada por la mismísima Procuraduría por haberle supuestamente quitado los ojos de encima a varios cosas y al haberse vuelvo burocrática y menos activa que en el pasado, en parte por sus limitaciones presupuestales y por conflictos de jurisdicciones con otras entidades.


Un trato ‘especial’ a las islas


Tenemos el 77% de los corales de todo el país y una reserva gigante de recursos marinos y por culpa de nuestro propio país hemos perdido casi todas nuestras aguas. Fuertes razones para tratarnos distinto.


Aparte de ello, el Ministerio del Medio Ambiente está intentando reformar el sistema de manejo ambiental en todo el país que está en crisis porque pasa de todo y se llegan a intervenir hasta en zonas de reserva y Parques.


Detrás del Decreto 415 están también compromisos internacionales adquiridos por Colombia para proteger nuestro mar y corales, como también se hace como sustento a los argumentos que presenta el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que escucha alegatos contra Colombia en lo ambiental y su trato a la población étnica raizal el próximo 22 de marzo en Guatemala). Y va también dirigido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a las dos demandas de Nicaragua que cursan allá.


Es un trato preferencial al archipiélago que debemos aprovechar y una confirmación absoluta de que la economía del extractivismo petrolero no va (aunque siguen actividades de exploración en aguas nicaragüense al oeste y norte de las islas y cayos y en las colombianas por fuera de la Seaflower).


¿Puede Coralina con todo?


El trasfondo de esto es un informe condenatorio de la Procuraduria sobre Coralina. En dicho documento se dijo que la entidad no ha tenido 'responsabilidad institucional' (léase negligencia o descuido de funciones) sobre la protección de los recursos naturales y el medio ambiente y que tiene una baja eficacia para materializar proyectos, en parte porque cuenta con personal insuficiente y un bajo presupuesto, pero también porque 'desconoce la normatividad ambiental sobre la cual se deben sustentar sus decisiones'.

Al respecto, por estos días arrancó un nuevo proyecto hotelero de más de cinco mil metros cuadrados (media hectárea) ¡en una zona de humedales adyacente a la sede principal de  Coralina!


Muchos, por eso, se preguntan ¿porqué se está dando tanto poder a Coralina si ha fallado en forma abismal? Tal vez el Ministro ha señalado la importancia de la labor de los técnicos de Coralina y de las otras entidades que le darán a la entidad una mano en el proceso de formulación y manejo de políticas y acciones.


El reto de Coralina es enorme y por eso debe cambiar. El gobierno nacional nos dice: 'quieren autonomía, pues allí la tienen'. Por eso no podemos arruinar esta oportunidad y debe ser aprovechada al máximo para que vean que somos capaces, pero también para que nos otorguen más autonomía en otros asuntos.


En este punto preocupa que no haya mucha participación de la comunidad isleña en la formulación del POMIUAC y el esquema de dicho plan y el diagnóstico lo dictará el Ministerio del Medio Ambiente, que puede por esa vía aún limitar el alcance y el ámbito de acción de Coralina.


Lo que sí se deja bien claro en el Decreto es que en todo momento Coralina debe asegurarse de que todo lo que se haga no afecte directamente a los raizales y de ser el caso debe llevar a cabo la consulta previa (no es claro por qué se asume que todo lo que se haga no nos va a afectar 'directamente', y este es uno de los puntos del Decreto que puede en un futuro llevar a conflictos legales e interinstitucionales con la comunidad raizal).


Lo que tampoco se dice es si el POMIUAC debe ser aprobado por la comunidad raizal, lo cual en principio y basado en sendas decisiones de la Corte Constitucional la afectaría seriamente y por ende debe recibir su visto bueno para poder ser política pública. Esta es una de las tantas contradicciones del Decreto 415.


De otro lado, nada va a ser simple porque los controles nacionales aún se pueden ejercer mediante la extremada dependencia presupuestaria y transferencias desde la capital y porque ciertas entidades del orden nacional, como la DIMAR, pueden alegar competencia para ciertos asuntos, y la Armada y otras instituciones en todo caso deben ser partícipes de todo para efectos, por ejemplo, de controlar nuestros recursos en los cayos. En el mismo diseño del Plan el Ministerio debe dictar los parámetros.


Cuestiones claves


1. Coralina se volvería más poderosa y va por encima de toda entidad del orden nacional en lo ambiental. Todo queda sujeto a su merced, lo cual puede ser un arma de doble filo dependiente de cómo maneja las cosas, quién maneja a la entidad, si no se politiza o se burocratiza aún mas, y si tiene los recursos con que hacer cumplir las normas. Por eso su dirección y su Junta Directiva deben ser completamente libres de influencias políticas. Hay que decir las cosas como son: sin una buena dirección y si los políticos controlan Coralina y su junta, este Decreto no sirve.


2. Se cruzan competencias y quedan zonas y esquemas institucionales por definirse. ¿Podría Coralina desautorizar o anular un acto administrativo departamental o municipal? ¿Podría otorgar concesiones turísticas a Cayo Bolívar? ¿Cómo va a hacer controles si no tiene ni lanchas?


3. Las competencias se cruzan también con entes nacionales y pueden haber fricciones entre Coralina y ellos. El Decreto 415 Le otorga tanto poder a Coralina que en temas ambientales puede, en principio, ir por encima de la Dimar. Pero también hay contradicciones: 'corresponde a Coralina coordinar la ejecución del POMIUAC sin perjuicio de las competencias concurrentes de las demás autoridades con jurisdicción y competencia en el Departamento Archipiélago'.


Por eso aún hay vacíos. Hay competencias que quedan flotando en el aire y que pueden chocar, por ejemplo en zonas costeras que la DIMAR aún considera son de interés nacional por asuntos de soberanía y puede asumir que esos priman sobre los intereses medioambientales y colectivos raizales.

4. Coralina últimamente se ha politizado y burocratizado mucho y por eso algunos organismos del orden nacional, que el Decreto 415 obliga a involucrarse para darle una mano, dicen que es imposible trabajar con ella.

5. En el pasado la gente tenía miedo de cortar hasta un árbol, pero hoy día esa autoridad moral que albergaba la entidad se ha diluido, en parte por lo que se percibe como una doble moral: mientras por ejemplo se ignora la incursión de asentamientos generalmente de no-raizales mediante la invasión, relleno y destrucción de manglares en el Parque Regional Old Point por el Barrio Obrero, se envían notas de intimidación a casas raizales de San Luís que llevan años construidas sobre zonas costeras.

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La autonomía regional que viene de la mano de Coralina y la OCCRE no se debe desgastar por malos manejos o incumplimiento de metas. Esto es clave porque de eso depende de que nos concedan más y que se logran controlar y mitigar problemas en las islas.

Pero si la entidad le ha quitado el ojo de encima a muchas cosas, todo el mundo ahora pondrá ojos gigantes puestos encima de Coralina, cortesía de este Decreto. A la institución le llegó su hora pero también su obligación de mostrar y actuar más. Tiene un reto histórico que no puede desaprovechar. Si lo hace puede poner en peligro la viabilidad ambiental futura de todo el archipiélago.


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Última actualización ( Lunes, 20 de Marzo de 2017 14:55 )  

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