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elisleño.com - El diario de San Andrés y Providencia.

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Concesiones

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GERMAN.MARQUEZ2Se dice que van a concesionar Cayo Bolívar. Al parecer, sería algo similar a las concesiones de Parques Nacionales, por tratarse de áreas naturales, en este caso el mar azul, las playas blancas, las palmeras, el sol del Cayo. La situación es chocante; el Estado se declara dueño de algo de la comunidad, y resuelve concesionarlo a alguien que nada hizo para merecerlo.

Las áreas naturales deben su existencia a la naturaleza, que las creó, y a las comunidades locales, que las conservaron. El Estado, impulsado por la sociedad, los científicos y los ambientalistas, tuvo el buen sentido de declarar protegidas, en especial como Parques nacionales, muchas de dichas áreas. El Cayo, como parte de la Reserva de Biosfera Seaflower y su sistema de Áreas Marinas Protegidas AMP, es un área protegida.

Lo malo es que ese mismo Estado, responsable de las áreas protegidas, negocia con ellas; olvida que poco hizo para hacerlas posibles. Por eso hay algo básicamente indebido en la concesión áreas naturales, quizá a diferencia de concesionar carreteras y otras infraestructuras construidas, también cuestionables.

En últimas es un negocio de esos en los que se deja involucrar el Gobierno para transferir riqueza pública a manos privadas. Y es un negocio lucrativo. El Cayo, como los parques, tiene clientela asegurada. Los parques concesionados, PNN Tayrona, Gorgona, Nevados y Amacayacu, reciben miles de visitantes que hacen innecesaria la costosa publicidad.

Para mejorar el negocio de las concesiones el estado hizo lo que nunca por sí mismo: cuadruplicó las tarifas. La infraestructura básica solo se mejoró en lo imprescindible y se mantuvo precariamente; la última vez que estuve en Gorgona y Tayrona alguna se caía a pedazos. El atractivo era el mismo: la maravillosa belleza y biodiversidad natural y cultural; solo que el receptor de los beneficios dejó de ser el Estado y pasó a serlo la Concesión privada.

Además, las concesiones cambiaron la misión de las áreas protegidas y dificultaron su acceso popular, en detrimento de su función educativa y de su carácter de patrimonio nacional. El Sistema de Parques declinó su deber de administrar integralmente las áreas protegidas, con la precaria excusa de que el turismo no era su obligación.

¿Luego una parte importante de la función de los parques no es el ecoturismo educativo? No obstante, sigue sosteniendo, cuidando, vigilando las áreas Protegidas (e incluso instruyendo a los turistas a su llegada), mientras los beneficiarios de las concesiones se dedican a cobrar por la entrada, por el disfrute de maravillas naturales en las que poco o nada tienen que invertir, y por servicios turísticos complementarios.

Por eso, las concesiones me recuerdan un cuento que quizá ilustre mejor lo que quiero decir: Dos personas compran una vaca y deciden que cada uno se hará cargo de una parte de la misma. Así, uno se quedó con la parte delantera, y tenía que alimentar a la vaca, mientras el otro se quedó con la parte trasera, esto es que ordeñaba y vendía la leche y además recogía el estiércol para aprovecharlo.

A que no adivinan quién es el Estado y quién la concesión. ¿Será este el caso de Cayo Bolívar? Me temo que sí.

Además, cabe temer que tras Bolívar se concesionen todos los bienes isleños: Serrana, Johnny Cay y las playas, una tras otra, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, etc. ¿Quién quiere Sound Bay? ¿Quién da algo por Manzanillo? El modelo es peligrosísimo y hay que evitar entrar en él.

Manejo integral del territorio

Para ello son necesarias alternativas de manejo integral del territorio, un plan de desarrollo sostenible del turismo, en especial turismo de naturaleza. Las bases de esa alternativa ya existen: la Reserva de Biosfera Seaflower y su sistema de Áreas Marinas Protegidas AMP´s.

Una posibilidad es hacer como Bonaire, que declaró Parque Nacional Natural Marino a todo su mar adyacente. Bonaire, cuya boyante economía se basa en buceo en arrecifes no tan bellos como los nuestros, pero mejor cuidados, garantizó así su sostenibilidad económica, ambiental y social, para lo cual incluyó arreglos con los pescadores artesanales que aprovechan, pero conservan los arrecifes.

Los buzos pagan por el derecho a bucear en el Parque, a lo que también se mostraron dispuestos aquí, según estudio que publicamos con la profesora Johannie James. En el Archipiélago debería pagarse no sólo por bucear, sino por el uso del mar para actividades turísticas o recreativas en general, desde el uso de las playas hasta el kitesurfing, velerismo, tours marinos, etc.

Conservar los bienes y servicios ambientales tiene un costo, que es quizá lo que no se acaba de entender y por eso se acude a soluciones ya fracasadas, como las concesiones. La alternativa no es delegar en entidades ajenas las soluciones, sino asumir responsablemente todo lo que implica la gestión adecuada de un territorio.


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