El reciente fallo del Consejo de Estado fue una clara y decisiva victoria para el archipiélago en seguridad ambiental que tendrá repercusiones importantes, pero es solo un respiro temporal. Una batalla ganada pero no un triunfo total en el proceso que se sigue en varios frentes para asegurar mayor protección ecológica y cultural.
Todo porque el mayor peligro radica al otro lado de la nueva frontera y porque Colombia debe redefinir y rectificar algunas políticas hacia las islas y dejar de una vez por todas toda pretensión de explotar petróleo y gas alrededor del archipiélago y debe hacer algo digno para preservar la identidad Anglo-Caribe de las islas.
El fallo es un duro golpe a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y disminuye aún más la percepción del Gobierno Nacional en las islas, al igual que hace más débil argumentos y acciones oficiales ante los ojos de la justicia nacional, la CIDH y en La Haya porque deja claro que el Estado estaba dispuesto a cometer un acto que violaba los derechos humanos colectivos asociados al medio ambiente y a los recursos que proveen cierta seguridad alimentaria a la comunidad de las islas.
El fallo nos dice también que los isleños no tenemos otra alternativa que pelear en las instancias judiciales contra nuestro propio país para defender nuestras islas, aunque vale la pena resaltar que el Gobierno Nacional declaró una moratoria de exploración, aunque sea en el contexto de las circunstancias causadas por la demanda inicial de Coralina y el fallo del Tribunal en el 2012.
La miopía, los aeropuertos, el spa y mucho más…
El fallo enfatiza la recurrente confrontación de opiniones entre los locales y el Gobierno Nacional que no se soluciona con el diálogo y generalmente terminan en los estrados judiciales, como los casos de la expansión de los dos aeropuertos, el spa y muchos más. Precisamente este viernes hubo una audiencia pública con respecto a la Acción Popular pidiendo parar la expansión del aeropuerto de Providencia.
Vale la pena que todos tomemos una pausa para analizar las consecuencias de este fallo extremadamente trascendental y de aquí en adelante hacer las cosas con la protección de las islas siempre en mente. ¿A quién se le ocurrió que se iba a poder extraer petróleo en una reserva ecológica mundial? Algo bastante miope. Las instituciones nacionales parecen no comunicarse entre sí y coordinar sus acciones.
Por eso deben haber espacios para las críticas (y el absoluto respeto y apego a la Consulta Previa) porque no sólo no se escucha a la gente, se omiten observar las normas y lógicas de gestión pública, sino que a veces se sofoca la crítica, lo cual no es bueno porque la crítica depura cosas y hace que mucho se hace en forma adecuada. Y conviene tanto al gobierno como a los isleños.
Porque el contenido del fallo es incómodo y tal vez crea más inseguridad legal para las islas porque al fin y al cabo el Estado colombiano debe ser el mayor defensor de nuestros derechos y no es una situación óptima si no se puede confiar o depender de nuestras propias instituciones para ello.
No cantar victoria
En todo caso, aún no podemos cantar victoria, hay aún mucha tela de donde cortar, y el medio ambiente sigue en peligro porque las exploraciones y posibles explotaciones persisten a nuestro alrededor tanto por parte de Nicaragua como de Colombia y porque también hay asuntos internos que se hacen que afectan la cuestión ambiental.
Existen serias amenazas dentro del mismo archipiélago por la gran cantidad de obras que se hacen que claramente causarán daños irreparables al medio ambiente. En este año del desarrollo ecológico y sostenible que Colombia pregona tanto, se deberían tomar más acciones que sean consistentes con lo que dice y con las aspiraciones de la comunidad del archipiélago, sus derechos colectivos y la garantía de un equilibrio ecológico que asegure seguridad alimentaria y preservación de prácticas ancestrales.
La decisión del Consejo de Estado sella del todo la imposibilidad de Colombia de explotar gas y petróleo en la reserva de la Biósfera Seaflower (pero no fuera de ella). Es un triunfo para todos, aunque el sentimiento de los locales es esperar el próximo golpe y no se explican por qué, además de las contradicciones, Colombia borra con una mano lo que logra con la otra.
Por eso es una lástima que el mismo Gobierno Nacional haya rechazado la iniciativa de la UNESCO de elevar la categoría de protección de la Reserva de la Biósfera a la máxima posible, la de Patrimonio Natural de la Humanidad, para unirse a la prestigiosa lista que incluye a la Gran Barrera de Arrecifes de Australia.
Tener algo en esa lista es algo que todo país anhela. Coralina peleó muy duro por eso y la UNESCO pagó una millonada por los estudios y todo estaba listo. Frente al fallo reciente, a Colombia bien le convendría recuperar dicha iniciativa y así enviar una señal de compromiso y seriedad en el tema de protección ambiental con las islas al igual que con la CIDH y La Haya donde el tema de protección ambiental y derechos raizales, ambos extremadamente entrelazados, cobran ahora mismo una enorme relevancia.
El rechazo lo confirmó Colombia en el 2011 a través del anterior agente ante La Haya, el inefable Londoño Paredes, con la escueta y seca excusa de que 'no se considera pertinente avanzar en la presentación de la candidatura por ahora', mediante carta firmada por la aún Viceministra de Relaciones Exteriores, Patty Londoño (oficio DVAM/DAPM/UNESCO 2077, 17 de enero de 2011).
Resulta algo increíble que solo el agente Londoño haya tomado una decisión tan fundamental en contra de las islas, sin la menor consulta con la comunidad local e ignorando la dura pelea que Coralina entabló para poder conseguir que la UNESCO se involucra para proceder con la declaratoria.
Lo que rebosó la copa de tolerancia de la UNESCO fue precisamente los permisos de exploración de Colombia en la Seaflower que llevaron a la demanda de Coralina, algo que se exacerbó luego con el rechazo de una mano de London Paredes, cuyos conceptos todos estaban dispuestos a aceptar sin cuestionamientos.
Las cosas hubieran sido distintas ahora de haberse logrado la declaratoria de Patrimonio Natural y de hecho hubiera dado mucha más solidez a los argumentos que esgrime Colombia ahora en la CIDH y en La Haya.
La decisión del Consejo de Estado nos da un respiro, pero el serio peligro aún radica tanto en las zonas localizadas fuera de la Reserva Seaflower (porque Colombia aún otorga bloques de exploración en sus zonas del Caribe).
Interesante sería ver si la decisión que se espera de la CIDH le dará un aval a lo que el país hace en relación a buscar petróleo y gas en el Caribe o pondría un ‘tatequieto’ a esas aspiraciones al igual que a las de otros países del área. Toda su costa Caribe está siendo explorada y se han encontrado depósitos de petróleo en el pozo Kronos-1 frente al Golfo de Urabá y el Calasú-1 at oeste de las costas de Cartagena.
El respiro tampoco dura mucho también por culpa de Nicaragua. Da la terrible casualidad de que Nicaragua está ávida de petróleo y gas como forma de impulsar su desarrollo y una zona absolutamente caliente por sus potenciales de petróleo y gas y es justo al oeste del archipiélago tanto en áreas de Nicaragua –antes del fallo del 2012– como en zonas que fueron otorgadas a dicho país luego del mismo.
¿Podría ser por lo tanto la intención de Colombia de no ceder las área perdidas en el 2012 una forma de proteger al archipiélago de posibles exploraciones petroleras de Nicaragua o más bien una forma de aferrarse a dicha área para explotar lo que hay?
El ‘interés’ de Nicaragua
Lo cierto es que hay hidrocarburos y gas en todo el área del archipiélago y a su alrededor. El interés de Nicaragua de reclamar una plataforma continental extendida mas allá de las 200 millas cedidas por la Corte en La Haya en el fallo del 2012 huele precisamente a petróleo y gas.
Nicaragua pide el lecho marino y submarino pero no las aguas arriba y ya dijo que esas son de Colombia, lo cual conectará nuestras aguas con las de las playas de Cartagena. Nicaragua no quiere los atunes y camarones en el agua, sino el oro negro que hay por debajo.
Por eso el problema mayor no es tanto Colombia (que tiene otros sitios de donde sacar hidrocarburos), sino Nicaragua que anda muy ocupada otorgado permisos de exploración en zonas adquiridas tras el fallo del 2012, donde los estudios sísmicos indican enormes yacimientos. De hecho, han perforado su primer gran pozo gigante llamado Paraíso-1 que queda a pocas millas al oeste de San Andrés, que por fortuna no ha arrojado buenos resultados.
Sin embargo, las compañías exploradoras y el gobierno de Nicaragua están optimistas de que hay grandes yacimientos en el mismo banco Tyra donde queda Paraiso-1 como también en la zona adyacente, en los bloques Isabel y Perlas que quedan en línea recta hacia el norte, es decir, a lo largo del Meridiano 82.
De llegar Nicaragua a explotar pozos, todo el archipiélago y por lo tanto la Reserva Seaflower estarían en la línea de peligro ante un eventual accidente al igual que por el tráfico de enormes buques petroleros, que podrían usar sin problema las aguas que nos quedan afuera de las 12 millas de nuestras islas, cayos y bancos porque son aguas internacionales según el derecho del mar.
Cabe resaltar que en el 2012 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia denunció que Nicaragua otorgó permisos de exploración petrolera en áreas que son del archipiélago y quedaban dentro de los linderos de la Reserva Seaflower (que cubre 10% de toda la zona del Caribe).
Nicaragua respondió que la zona le corresponde en virtud del fallo de La Haya del 2012 y que en todo caso no permitirá exploraciones o explotaciones dentro de la Reserva Seaflower. Esto es una posición de resaltar, pero no quita el peligro de las posibles explotaciones de ambos países por fuera de la Reserva que a la larga pueden tener un enorme impacto dentro de la misma.
La decisión del Consejo de Estado y la parada de exploración alrededor del archipiélago palidece en comparación con lo que se avecina cuando Nicaragua comienza a explotar sus pozos que quedan muy cerca de las islas y cuando Colombia haga lo mismo en la zona más cercana a su Costa continental.
Colombia se equivocó al no haber seguido las aspiraciones de la UNESCO de elevar la Reserva Seaflower a la mejor categoría de protección de Patrimonio Natural de la Humanidad. Pero la inconsistencia oficial va más allá… En forma subrepticia Colombia llevó a cabo estudios sísmicos en nuestra Reserva Seaflower. Un estudio sísmico es bien costoso y solo se lleva a cabo si hay cierta certeza de encontrar algo digno de entregar. Un resultado económico.
También Nicaragua hizo lo mismo en sus áreas y sigue otorgando permisos de exploración, por lo que en los próximos años puede haber muchas actividades que pondrían en peligro el medio ambiente del archipiélago.
Por eso decimos que lo peor está por venir y que el reciente fallo, como van las cosas, solo nos da un respiro.