El jueves 18 de agosto, con la gestión de la Universidad Nacional, Sede Caribe, se realizó en la isla una jornada de socialización de la solicitud de opinión consultiva que la Cancillería colombiana hizo el pasado marzo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este pedido expreso se formuló con el objetivo de proteger al Archipiélago frente a las obras de infraestructura que se adelantan en Centroamérica. El experto en derecho internacional, Ricardo Abello, coautor de la solicitud, fue el encargado de dirigir la jornada que se llevó a cabo en el Banco de la República.
Abello es profesor de la Universidad del Rosario, y de la Academia Diplomática de San Carlos. Profundo conocedor en el litigio por el diferendo territorial entre Colombia y Nicaragua, ha dedicado su carrera al estudio del derecho internacional y de los límites marítimos. Ha hecho numerosas publicaciones al respecto del caso, y en sus intervenciones en diarios de difusión nacional, ha seguido de cerca, e incluso ha predicho los posibles escenarios para Colombia, incluso desde antes del primer fallo, en el 2008.
La solicitud del 14 de marzo
El 14 de marzo la Cancillería colombiana solicitó una opinión consultiva a la CIDH, con el objetivo de aclarar el alcance del papel del Estado como garante de Derechos Humanos, frente a las amenazas que se desprenden de la construcción de grandes obras de infraestructura.La solicitud consta de cuatro preguntas que se le hacen a la Corte, las cuales admitió para su contestación, y ahora se encuentran en una fase de recepción de opiniones de todas las partes interesadas.
El abogado internacionalista Ricardo Abello, líder formulador de la iniciativa de la solicitud, explicó a EL ISLEÑO en la ciudad de Bogotá –unos días antes de la sesión abierta en el Banco de la República– la potencialidad del recurso, sus motivaciones, y la forma en que pueden los isleños involucrarse con el proceso.
El tema en cuestión: la protección del Caribe y los derechos humanos
El Archipiélago de San Andrés y Providencia es un santuario de la naturaleza y de la cultura, dentro de la riqueza del Caribe. Los marcos legales deben garantizar la continuidad de ese tipo de espíritu en las islas. Desde fuera, la construcción de proyectos de infraestructura, como los canales interoceánicos de Nicaragua, Costa Rica u Honduras, pueden llegar a tener efectos devastadores en el medio ambiente, y a afectar la calidad de vida de los habitantes de las islas.
Durante entrevista exclusiva para este medio en la ciudad de Bogotá, y en la exposición de la jornada en la isla, Abello enfatizó sobre la preocupación de la Cancillería por buscar mecanismos para proteger el medio ambiente del Caribe, y a los isleños y caribeños, con un recurso que puede llevar a pronunciamientos sin precedentes, sobre la conexidad entre los derechos humanos y el derecho del medio ambiente.
EL ISLEÑO: ¿Qué espera el Estado a partir de este recurso?
Ricardo Abello: La expectativa es que se aborde por primera vez la relación entre el derecho del medio ambiente, el derecho al medio ambiente, y el derecho a la vida. El resultado será tener unos parámetros para los estudios de impacto ambiental transfronterizo, que sobrepasen los estudios sobre impactos a doce millas náuticas de las líneas costeras. El Mar Caribe es un elemento de integración de la región, y su protección es fundamental para la estabilidad y la sostenibilidad.
La identidad Caribe se ha centrado en lo cultural, en lo gastronómico, en lo deportivo, y se han creado organizaciones del Caribe, y en ninguna de ellas se aborda ese factor de unión, que es el mar. En ningún instrumento, fuera del Convenio de Cartagena, se busca proteger ese mar. Por eso fue el elemento que utilizamos para solicitarle a la Corte que aclare la relación entre el Convenio y el Pacto de San José.
EI.: ¿Qué relación hay entre el litigio en La Haya, y la solicitud de opinión consultiva?
RA: Ninguna. Se trata de dos escenarios completamente diferentes. En el caso de la solicitud, la motivación es la gran afectación ambiental que puede haber, ante la amenaza de construcción de grandes obras de infraestructura con vocación de permanencia en el tiempo. La solicitud se formuló para generar un pronunciamiento sobre cualquier caso que pueda afectar a cualquier Estado, no sobre el caso en concreto del canal interoceánico de Nicaragua.
EI.: ¿De qué forma pueden los isleños participar en la solicitud de opinión consultiva?
RA: Cualquier persona, individuo u organización, tiene posibilidades de dirigirse directamente a la CIDH para expresar su opinión. El objetivo es que la Corte tenga todas las herramientas posibles para hacer un pronunciamiento acertado, sea cual sea su respuesta.
EI.: ¿Qué expectativas de participación existen hasta ahora?
RA: He estado en diálogos con varias universidades del país que están adelantando gestiones para participar. Universidades del exterior, que tradicionalmente participan en los procesos de la CIDH a través de sus centros de investigación de derecho, también han manifestado interés. En Europa, en Latinoamérica, también hay un interés. La idea es promover que la mayor cantidad de opiniones se emitan y lleguen a manos de la Corte.
Conclusiones de la jornada de socialización en la isla
Hasta ahora, en la isla se conoce poco sobre las iniciativas de la sociedad civil para participar y enviar sus conceptos a la CIDH, que recibirá las versiones de las partes interesadas, inicialmente, hasta el 19 de septiembre. La lucha por la reivindicación de los derechos del pueblo étnico raizal, e incluso la iniciativa por unirse con las familias creoles de Bluefields, puede beneficiarse enormemente de participar.
Aunque la jornada fue tímida en su difusión, se sacaron conclusiones importantes que generaron la expectativa de que la comunidad isleña y raizal se pronuncie sobre posibles afectaciones que puede llegar a percibir si no se trabaja en conjunto para mitigar daños transfronterizos de impacto ambiental. Abello enfatizó en que “el objetivo no es que no se hagan las obras de infraestructura, sino que se hagan bien”, generando oportunidades para que los Estados puedan mitigar los riesgos de manera conjunta.
Con la presencia del rector de la Universidad Nacional – Sede Caribe, Raúl Román, y el diputado Arlington Howard, surgieron oportunidades de intercambio con el doctor Abello, que generaron la posibilidad de que se emitan opiniones antes de la fecha límite en el mes de septiembre.
“Yo quisiera que todo el mundo pueda opinar. Ustedes tienen el derecho de hablar, de pronunciarse. La Corte dentro de sus procedimientos invitó a todos los estados parte de la OEA, a las organizaciones que conforman la OEA, y a la sociedad civil, a que se pronuncien. El plazo es hasta el 19 de septiembre”, recordó Abello.
Antes de dar por terminada la jornada, el profesor Abello expresó su voluntad de permanecer en contacto con la comunidad, como ha venido haciendo, para facilitar cualquier información necesaria que propicie la participación en el proceso en curso. La información para participar se encuentra disponible en la página de la CIDH, www.cidh.or.cr.
