Un informe alarmante presentará el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, este viernes en San Andrés. El documento está relacionado con la situación que impera en la isla en materia social, económica y ecológica, que exigen una inmediata y prioritaria atención del Gobierno Nacional.
Dice el Ministerio Público que se necesita una "adecuada estrategia social, económica y ambiental que se vea reflejada en mejoras concretas del nivel de vida de los habitantes del archipiélago; en cambios en las formas de ocupación del suelo; pero sobre todo en la protección efectiva de los importantes ecosistemas de la zona de reserva de biósfera Seaflower, entendiéndose esto último como un referente transversal a cualquier forma de acción".
La zona de reserva de biósfera Seaflower (ZRB) que envuelve el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su zona marítima e insular fue así considerada por la Unesco por el valor de su biodiversidad y del total de su área, una buena extensión fue catalogada como Área Marina Protegida por parte del Ministerio del Medio Ambiente en 2005.
Reingeniería en Coralina
Además, de acuerdo con la Procuraduría es urgente hacer toda una labor de reingeniería al interior del Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) pues tal y como está es una entidad muy débil, con una baja capacidad de gestión y cumplimiento.
"El Ministerio de Ambiente, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, debe considerar la posibilidad de convertirse en un referente y un verdadero apoyo para la Coralina, frente a la implementación de políticas, asignación de recursos que permitan la capacitación de funcionarios de esta autoridad regional y contar con todos los elementos logísticos, de personal y financieros tendientes a que esa autoridad ambiental pueda ejercer a plenitud la administración de la ZRB Seaflower en cuanto a procesos de seguimiento, control, administración y vigilancia", señala el documento.
Más de fondo, para el Ministerio Público no es coherente el manejo legal que se ha venido presentando en el archipiélago pues aunque este tiene un régimen especial no hay un manejo integral de las normas que lo rodean ni sobre la ZRB Seaflower, que debería ser solucionado por el Congreso de la Nación teniendo en cuenta, además, la pérdida de mar territorial por cuenta del fallo de La Haya.
"Ese nuevo ordenamiento jurídico –dice la Procuraduría– debe tener en consideración las normas constitucionales dictadas en forma especial para el archipiélago, así como la nueva realidad social, económica y ambiental derivada del fallo de 19 de noviembre de 2012, proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dentro del diferendo territorial y marítimo surgido entre Colombia y Nicaragua", añade el informe