No cesan los bloqueos en varios sectores de la Loma. Se completan dos noches de plantón en son de protesta, y se formalizan las peticiones de la población movilizada. Se ha reportado la presencia de elementos militares en la zona de Orange Hill y constantes patrullajes de la Policía Nacional
El coronel Luís Carlos Hernández, Comandante de la Policía Nacional, hizo presencia en la zona, persuadiendo sin éxito el levantamiento. El gobernador Ronald Housni Jaller, anunció una visita a las 9 de la mañana al sector del Barrack, en un nuevo intento de mediación. Mientras tanto, el gobierno aborda la situación siempre aclarando que el turismo no se verá afectado. ¿Cuál es la verdadera calamidad sanandresana?
De las declaraciones de las autoridades nacionales y locales, recogidas la semana anterior y el transcurso de la presente, y de las medidas adoptadas como solución, se percibe entrelíneas la falta de voluntad para abordar el problema de fondo, y proponer, de una vez por todas, una solución de largo plazo. El viceministro de Agua, Carlos Correa Escaf, en un intento de calmar ánimos, dijo que San Andrés cuenta con varias fuentes de agua, pero que se vieron amenazadas por efecto de la sequía. En el mismo tono se pronunció el director de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez Pérez.
San Andrés está en una especie de colapso experimentado a cuentagotas. La parálisis para hacerle frente al colapso reside en el temor a la afectación del destino turístico. La cuestión de fondo en la isla es el punto de quiebre de un modelo fallido. Categóricamente, la isla de San Andrés, con sus áreas protegidas en el marco de su estatus como Reserva de Biosfera de la UNESCO, ya rebasó su capacidad de carga, sobradamente. Abrogar el estado de cosas actual únicamente a efectos climáticos, es negar la responsabilidad de abordar el espinoso tema de la sobrepoblación y del modelo de sobrexplotación turística.
La declaratoria de calamidad pública para hacer frente a la situación a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es seguida de un plan de acción para el que se asignan recursos que deben ser invertidos en las medidas propuestas, entre otras, el abastecimiento con carro-tanques, la disminución de pérdidas de agua, y la denuncia al mal manejo a través de una línea telefónica. Además, el gobierno nacional ha autorizado la compra de una planta desalinizadora que llegaría hacia agosto a la isla, y la gobernación ha anunciado la ampliación de las redes del acueducto.
Las demandas de la sociedad en la calamidad pública
Las organizaciones de la sociedad civil han empezado a emitir pronunciamientos al respecto. La opinión pública local empieza a tomar consciencia sobre la vulnerabilidad frente a la sequía, pero también frente al problema de alcantarillado que enfrenta San Andrés, al inexistente manejo de residuos sólidos, al deterioro de los ecosistemas y de la belleza paisajística, entre muchos otros retos.
La época de lluvias que se prevé para dentro de muy poco puede aliviar la sed, se pueden aplicar las llamadas medidas de choque para atender necesidades inmediatas, pero la situación de fondo no mejorará sin la aplicación de medidas que lleguen al núcleo de la crisis. En la misma línea ha sido expresado en un comunicado de la organización de liderazgo juvenil R-Youth (ver comunicado al final) y así se interpreta en repetidas participaciones de la ciudadanía en las redes sociales.
La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, marco legal en el cual se encuentran las medidas tomadas por el gobierno para sanear la situación actual, permitiría tomar decisiones que dimensionen la magnitud del asunto. Mientras a la población en situación de vulnerabilidad se le proveen carro-tanques para mitigar la escasez de agua, el sector turístico obtiene nuevas licencias de construcción para más hoteles.
R Youth, en el comunicado que este medio conoció de primera mano, solicita que por la vía de los recursos legales del artículo 63 de la citada ley, el gobernador Ronald Housni Jaller modifique el plan de acción propuesto en la declaratoria de calamidad pública del 15 de abril. El comunicado pide que la Secretaría de Planeación suspenda las licencias de construcción para hospedajes y hoteles hasta que se garantice el agua para la población.
La organización civil propone igualmente a través de las facultades especiales que permite la ley, el cierre del destino al turismo, hasta que se termine la revisión en curso del contrato de Proactiva SA ESP, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Esto con el fin de que la concesionaria adquiera la obligación de garantizar el suministro de agua a los residentes por 24 horas al día, con una frecuencia mínima semanal, según dice el comunicado.
El gobernador del departamento, en varias declaraciones públicas, señaló que no hay datos específicos sobre el número de habitantes permanentes en la isla. En el comunicado de la organización de jóvenes, que ha acompañado y orientado a la población en las acciones de bloqueo en la isla, la última demanda pide la suspensión de emisión de tarjetas de residencia por parte de la Oficina para el Control de la Circulación y Residencia (Occre) y la celebración de un censo departamental por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE).
Conclusión con medidas realistas
Endilgar la escasez de agua en San Andrés al fenómeno de El Niño es querer tapar el sol con un dedo. La escasez de lo más vital es el catalizador de un quiebre por falta de planeación en la formulación de lo que hoy es San Andrés. Con un manejo adecuado del destino turístico, enfocado en la conservación de los recursos naturales y culturales de las islas, y con un diagnóstico a consciencia de la situación con cifras actualizadas en mano, se podrían generar escenarios para una disminución real de la vulnerabilidad, razón de ser de la figura de calamidad pública.
En San Andrés, las proyecciones del DANE con base en datos obtenidos hace más de diez años deben confrontarse con la realidad lo más pronto posible. Es vital poder caracterizar las necesidades reales de la población en la isla, los obstáculos para satisfacerlas, y además fundamentar el tope de la capacidad de carga del destino, y acabar de dar aún más piso a la negativa de continuar recibiendo a familias víctimas del desplazamiento.
En total, han sido poco más de 300 familias que han entrado a la isla en situación de desplazamiento, lo que ha encendido las alarmas de una situación de mayor vulnerabilidad.
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Comunicado de la organización R-YOUTH
Gobernación Departamental
Sr. RONALD HOUSNI JALLER
Presidencia de la República de Colombia
Sr. JUAN MANUEL SANTOS
Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sr. CARLOS MÁRQUEZ PÉREZ
Viceministerio de Aguas
Sr. CARLOS CORREA ESCAF
Secretario de Planeación Departamental
Sr. SEBASTIÁN CASTELLOTE
y demás instancias pertinentes
ciudadanía y opinión pública
Frente a los hechos de las últimas semanas, a los bloqueos de vías en varios sectores de la isla, a la movilización de la sociedad civil, a las declaraciones en medios locales y nacionales por parte de las autoridades y de la opinión pública, y frente a la declaratoria de calamidad pública en el departamento el pasado 15 de abril de 2016, apoya la decisión de declarar el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en estado de calamidad pública.
Somos conscientes, sin embargo, de que el problema detrás del quiebre en la tranquilidad y convivencia ciudadana es la desmedida migración a la cual se ha expuesto la isla a lo largo de décadas, al punto en el que los recursos disponibles hoy no solo son insuficientes para los residentes permanentes, sino para aquellos que llegan en calidad de turistas, quienes superan la cifra de los 900 mil anuales. Con tan solo 27 kilómetros cuadrados, la isla de San Andrés no puede abastecer las necesidades de un millón de personas en un año, sin afectar su frágil equilibrio.
Esta organización considera que las motivaciones y las formulaciones del plan de acción en conjunto con la Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, son inadecuadas e insuficientes para mitigar el riesgo real, y modificar las características intrínsecas del riesgo para reducir la vulnerabilidad y efectos a futuro, tal cual se prevé en la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones”.
El artículo 23 de la Ley 1523 de 2012 dispone que “el gobernador o el alcalde podrán modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública previo concepto del respectivo consejo para la gestión del riesgo”. Dicha facultad constituye la base sobre la cual R Youth solicita la modificación a la declaratoria de calamidad del pasado 15 de abril de 2016 y la consiguiente modificación en el plan de acción, para incluir las siguientes medidas:
1. Que la Secretaría de Planeación departamental suspenda toda licencia de construcción de hoteles, hostales, hospedajes, posadas, y demás construcciones cuya finalidad sea el alojamiento de turistas, hasta que la situación de riesgo se encuentre del todo superada.
2. Que se suspenda el ingreso de turistas a la isla hasta que se efectúen las revisiones del caso al contrato a la concesionaria Proactiva SA ESP, para que entre las instituciones del Estado y del sector privado, se garantice el acceso al recurso hídrico a todos los residentes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una periodicidad mínima de 24 horas una vez por semana.
3. Que se suspenda la emisión de tarjetas de residencia OCCRE hasta tanto se realice un estudio de capacidad de carga del departamento, acompañado de un censo efectuado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
4. Que se efectúe una modificación y reajuste del Decreto 2762 de 1991, dados los 25 años de fracaso en un intento por dar solución al problema de los asentamientos ilegales y la alta densidad demográfica del departamento.
El ejercicio de cuidar nuestra isla es una responsabilidad de todos. Esta organización seguirá comprometida, como lo ha estado desde el año 2012, con la formación política y de liderazgo en la isla, y la labor siempre estará presta a orientar a la población en medio de procesos sociales claves. La coyuntura actual no da espera ni admite la timidez en las medidas. La organización agradece la atención prestada a las solicitudes aquí contenidas, y concebidas en el seno de una sincera lucha por un futuro posible para esta y las siguientes generaciones.
ORGANIZACIÓN DE JÓVENES RAIZALES DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 'R YOUTH'