Se trata de restablecer comunciones, especialmente por mar pero también por aire, entre la zona que fue otrora parte de Colombia: la costa de la Mosquitia nicaragüense, con la que compartimos un grupo cultural similar. Somos creol y somos familia entre la costa nicaragüense, las islas del Maíz.
El presidente Juan Manuel Santos llegó a San Andrés un día después de anunciar que Colombia no comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en dos nuevos litigios contra Nicaragua, en los cuales el país centroamericano reclama, primero, que la Corte delimite su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas; y segundo, que obligue a Colombia a cumplir la sentencia emitida el 19 de noviembre de 2012.
El presidente se reunió con dirigentes políticos y líderes raizales para confirmarles que la soberanía colombiana sobre el archipiélago será defendida “hasta la muerte y hasta el último centímetro”. Excepto que, como el mismo presidente anunció el jueves, no será defendida ante la Corte, que es la instancia ante la cual Managua reclama derechos en el Caribe.
Kent Francis no sólo es un representante de la población raizal del archipiélago de San Andrés, sino que, como exembajador en Jamaica, es un conocedor de la diplomacia y las relaciones internacionales de Colombia en Centroamérica y el Caribe. En esta entrevista dice que, con la participación de la comunidad raizal, el Gobierno adelanta la formación de una agenda para activar relaciones positivas y luego negociar un tratado con Nicaragua.
¿Cómo vio la decisión de la CIJ sobre sus competencias?
No es fácil terminar uno condenando a los jueces por la decisión que tomaron. Eso no es fácil en ningún sistema. Pero es más difícil cuando pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas y necesitamos, como país del tercer mundo, que se ejerza el derecho más que los hechos. Con esto quiero decir que me preocupa esa determinación de retirarse de un foro judicial como el tribunal de La Haya. Nosotros no tenemos músculo, como sí lo tienen Estados Unidos y otros países, que manejan intereses mucho más fuertes y son más respetados aunque no obedezcan a la Corte. Creo que Colombia, con el proceso de paz en curso, necesita de todo el apoyo de la comunidad de naciones. Así uno tenga un sentimiento encontrado respecto a la imparcialidad de la decisión de la Corte, el análisis y la decisión deben ser más prudentes. El peor escenario es no estar presente ante la Corte. Eso deja a Nicaragua sin opositor, como el único que va a persuadir a los jueces sobre todo lo que quiere alcanzar.
¿Qué panorama se imagina cuando terminen estos procesos ante la Corte y salga un fallo de fondo con la parte colombiana ausente?
Es posible, viendo en el mapa, que Nicaragua sostenga ante los jueces de la Corte que la medición de la plataforma continental de Colombia deba hacerse únicamente desde su costa en el Caribe, es decir, de La Guajira hasta el Urabá, cuando para todos, el territorio ultramarino también genera plataforma continental y por lo tanto el archipiélago de San Andrés tiene derecho a generar plataforma continental, la cual se traslapa con lo que Nicaragua está solicitando. Creo que Colombia debe defender ante la CIJ que esa plataforma extendida también puede ser reclamada por Colombia, porque pertenece al archipiélago de San Andrés y Providencia en parte.
Recuérdenos qué significó para San Andrés y para los raizales el fallo de 19 de noviembre de 2012, el cual Colombia no ha cumplido.
Nosotros por muchos años tuvimos una interpretación del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, según la cual el meridiano 82 allí mencionado era nuestro límite. Vivíamos de acuerdo con esa interpretación. Eso significaba mucho para nosotros, porque el 60 % de los recursos de pesca del departamento se extraían de una zona que había en el triángulo de Luna Verde, que es la coyuntura entre el meridiano 82 y el paralelo 15. Con el fallo de 2012, esa zona inmediatamente dejó de pertenecernos. Así tengamos presencia allí de las corbetas de la Armada Nacional, ellos ejercen una función de proteger a los nacionales pero no una jurisdicción soberana sobre el patrimonio de pesca que existe en el área. No tenemos ese derecho de zona económica exclusiva para Colombia. Por lo tanto, lo que hemos venido construyendo, que son áreas protegidas, vedas, la Reserva de la Biósfera Seaflower, para darles sostenibilidad a los recursos del área, quedó desprotegido, porque se sabe que Nicaragua no tiene una flota para ejercer esas funciones. Hay muchos otros actores de pesca allá, las capturas se han reducido y económicamente ya no les resultan a los pescadores.
¿Cómo impactó esto al departamento?
El primer impacto es que se cerraron en la isla tres empacadoras que existían para esos productos de langosta, de caracol y de pesca blanca, que se exportaban en su mayoría a países del norte. Las tres empacadoras que existían en la isla, que daban trabajo a más de 400 personas, cerraron sus puertas.
El presidente Santos ha dicho que se va a proteger a capa y espada la soberanía hasta el meridiano 82. Según lo que usted dice, en esa zona hay otros actores haciendo usufructo de las aguas. ¿Cuáles son?
Se puede simplemente deducir de la expresión oficial: Colombia no se ha negado a cumplir con el fallo, no se ha declarado en desacato al fallo. Ha esgrimido que su ordenamiento constitucional y la Corte Constitucional obligan al Estado a que sus límites deben establecerse mediante tratados. Ha respondido públicamente que está en el proceso de convenir un acuerdo limítrofe con Nicaragua para allanar las decisiones de la CIJ. Lo que Colombia no puede hacer es llegar a las áreas determinadas como nicaragüenses en la sentencia de 2012, que no le pertenecen, a someter a terceros a su jurisdicción. Creo que no lo ha hecho, eso sería contradictorio y generaría enfrentamientos.
Además de poner corbetas en el meridiano 82, ¿qué más ha hecho el Gobierno en el marco del Plan San Andrés y demás iniciativas que se presentaron a partir del fallo de 2012?
Se ha hecho interés manifiesto en que inversiones de la Nación hayan podido llegar al archipiélago. Se buscó una manera más ágil para que las acciones del Estado sirvieran para beneficiar en obras sanitarias y de infraestructura. También se incluyeron coberturas para becar, en medio del impacto de 2012, a todos los que ese año salieron como bachilleres en el archipiélago, que fueron cerca de 700 estudiantes. Eso ha sido un efecto social muy positivo. También se determinó subsidiar el transporte entre San Andrés y Providencia para personas que residen en San Andrés, esto porque todo el mundo, para ir a Providencia, tiene que llegar primero a San Andrés. Eso hace que el costo de transporte sin subsidio sea muy pesado para la comunidad de estas islas.
¿Hay voluntad de negociar un tratado entre Bogotá y Managua?
Los presidentes lo han dicho. El presidente Santos, se pronunció a favor de negociar un tratado con Nicaragua. Y anunció que en esa negociación se incluiría a representantes de la comunidad de las islas, para poder participar en la expresión de sus intereses. Igualmente lo hizo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, manifestando su voluntad de hacer reconocimiento de los derechos que tienen los raizales, como originarios y ancestrales de este archipiélago, sobre el mar que la sentencia de 2012 otorgó a favor de Nicaragua.
Hemos visto las declaraciones de los presidentes, ¿pero existe una agenda de negociación hacia un tratado?
No la conocemos. Aquí tuvimos hace poco la visita de nuestro embajador ante Managua, Carlos Salgar, y vimos que no existe en el momento una agenda con esos propósitos. Sin embargo, el embajador la está construyendo dentro de su agenda de actividades oficiales. Estuvo acá, escuchó a la comunidad de las islas y las propuestas que tenemos para generar relaciones más activas y más positivas, cosa que nos parece excelente.
¿Qué tipo de propuestas tienen los raizales para alimentar esa agenda positiva?
Sencillo. Se trata de restablecer una comunicabilidad, especialmente por mar pero también por aire, entre la zona que fue en otrora parte de Colombia: la costa de la Mosquitia nicaragüense, con la que compartimos un grupo cultural similar. Somos creol y somos familia entre la costa nicaragüense, las islas del Maíz y Bluefields. Hasta hace 40 o 50 años, la comunicación con esas zonas era fluida. Muchas cosas cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino una presencia de autoridades aduaneras a las islas, que menguó el libre intercambio que se hacía en la zona. Luego, con la presencia de armas y narcotráfico, los celos de los países por el control migratorio se acrecentaron. Antes, el paso de las islas a la Costa Mosquitia era absolutamente libre, si acaso se anotaba en un cuaderno, pero no había todas las formalidades de controles legales que hoy existen. Lo que queremos es que ese intercambio cultural, deportivo, económico, social, que desde hace mucho tiempo nos caracteriza, se pueda restablecer, pero con requisitos mínimos, como por ejemplo que no exista visa.
¿Diríamos, entonces, que el tratado ideal entre Colombia y Nicaragua es uno que, en vez de pensar en límites de separación, piense en integración y restablecimiento del tejido social de la población archipielágica?
Totalmente. Y más nosotros, en la parte étnica de las islas, creemos que si nos defendemos con el Convenio 169 de la OIT como grupo aborigen y tribal, tenemos derecho a territorios cuyo uso hemos tenido tradicionalmente. No importa quién sea el titular ni quién ejerza la soberanía, lo importante es que el usufructo pueda ser de las comunidades ancestrales.
El presidente Santos estuvo en San Andrés. ¿Cuál es el mensaje principal que tienen para él los raizales de San Andrés?
Hay temas muy puntuales y protuberantes. Un archipiélago que durante 300 años tenía un promedio de 6 mil habitantes, hoy tiene más de 80 mil. Eso ha generado en el espacio una agresión que afecta su equilibrio ambiental. Entonces, hay una aceptación de que hay una población por encima de la capacidad que las islas pueden tener. Ese tema es fundamental. Igualmente, el pueblo más raizal del archipiélago espera tener reconocimiento nacional y apoyo efectivo en su organización como grupo étnico, porque como tal tiene espacios internacionales que le permiten, en el marco de los derechos humanos, hacerse a todos los espacios en los que tradicionalmente ha ostentado uso del mar.
(Tomado de El Espectador)
